El reciente gesto del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, hacia la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha abierto un debate de fondo sobre los límites de la libertad de expresión en la cámara catalana y sobre el papel que debe asumir quien la preside. Más allá del episodio del dedo levantado —por el que Rull ya ha pedido disculpas—, lo que ha molestado a buena parte del arco político es la actitud moralizante y censoría del presidente, que pareció erigirse en juez de lo que puede o no puede decir un diputado.
Durante el pleno de hace dos semanas, Orriols calificó a la diputada republicana Tània Verge de “ultrafeminista” y la acusó de apoyar al “machista y ultraislamista” Mohamed Said Badaoui. Una intervención polémica, sin duda, pero enmarcada en la libertad de expresión parlamentaria que protege a todos los diputados, con independencia de que gusten o no sus palabras. Sin embargo, Rull interrumpió y amonestó a Orriols, asegurando que el reglamento no permite ese tipo de reproches entre parlamentarios.
El gesto fue más allá del protocolo: al acabar la sesión Orriols fue a pedir explicaciones a Rull y el presidente levantó el dedo hacia la diputada, en un gesto de autoridad que las cámaras captaron claramente. Pese a su disculpa posterior, el episodio ha dejado en evidencia una forma de entender la presidencia del Parlament más como un tribunal moral que como una institución garante del debate.
Desde Aliança Catalana, su jefe de comunicación, Lluís Areny, fue claro: “Josep Rull no puede hacer de juez ni decidir qué es o no un discurso de odio”. En su opinión, el president del Parlament debería recordar que la inviolabilidad parlamentaria es uno de los pilares de la democracia y que su función no es imponer límites ideológicos, sino garantizar que todas las voces —incluso las incómodas— puedan ser escuchadas.
La controversia no se limita a lo simbólico. La Comisión del Estatuto del Diputado ha acordado iniciar un procedimiento de verificación contra Orriols por una supuesta vulneración del Código de Conducta, lo que desde Aliança Catalana se interpreta como un intento de sancionar la discrepancia política. “Limitar la palabra es matar el debate. No se nos puede castigar por hablar”, defendió Areny.
El incidente, aparentemente menor, pone de relieve una tensión más profunda: la tendencia de ciertos dirigentes institucionales a confundir moderación con censura. El Parlamento es, por definición, un espacio de confrontación verbal y de pluralidad ideológica. Pretender que solo se expresen ideas “correctas” o socialmente aceptables equivale a vaciar de contenido el propio sentido del debate democrático.
Las disculpas del president, aunque necesarias, no borran la imagen de un máximo representante institucional alzando el dedo como un juez para marcar los límites de la palabra política. En una cámara que presume de ser la casa de todos los catalanes, resulta preocupante que quien la preside no tolere el disenso con la misma firmeza con la que exige respeto. Porque en democracia, el respeto se gana escuchando, no silenciando.
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