La sintonía entre el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Tarragona va mucho más allá de las cuentas municipales. Ahora, la alianza entre el alcalde Rubén Viñuales (PSC) y el líder neoconvergente Jordi Sendra se ha formalizado en un nuevo frente: la imposición lingüística en el ámbito comercial. El acuerdo refuerza esa ‘sociovergencia’ que sigue muy viva a pesar de la teórica ruptura entre socialistas y Junts.
El pacto incluye una medida de dudosa necesidad: la incorporación de una «cláusula lingüística» a las licencias de actividad. En la práctica, ningún nuevo negocio podrá obtener su permiso de apertura si no garantiza la rotulación en lengua catalana. Se trata de un control previo y una carga burocrática injustificada para el empresario.
Este movimiento utiliza la Ley de Política Lingüística como pretexto para elevar la presión sobre el sector privado. La medida choca de frente con el espíritu de facilitar la inversión y la actividad económica. En lugar de reducir trabas, el Ayuntamiento de Tarragona añade un nuevo requisito ideológico al desarrollo empresarial.
El argumento oficial es que la medida será «pedagógica» y no sancionadora. Para ello, el consistorio promete «acompañamiento y apoyo lingüístico» a los comercios. Esta asistencia se traducirá en recursos públicos dedicados a la traducción de menús o materiales, un gasto que el comerciante podría asumir con libertad.
La consecuencia directa de este acuerdo es un aumento en el coste para el contribuyente tarraconense. El pacto incluye duplicar el presupuesto de la Oficina de Promoción del Catalán, elevándolo hasta los 100.000 euros. Es un claro ejemplo de cómo la política identitaria se traduce en un incremento del gasto público.
Se crea además la llamada «Mesa Local del Catalán», un nuevo organismo burocrático. Su objetivo será definir los ejes estratégicos de la política lingüística, implicando a entidades afines al Consorcio para la Normalización Lingüística. Un nuevo asiento para el activismo a costa del erario.
Mientras la ciudad afronta problemas reales de inseguridad y limpieza, el gobierno local socialista se enfoca en esta cruzada identitaria. Este acuerdo demuestra la prioridad que tienen las formaciones catalanas, incluso el PSC, por la agenda nacionalista frente a la gestión práctica. La normalización lingüística se impone sobre la normalización económica.
El empresariado y los autónomos de Tarragona deberían estar alerta. Lo que hoy es una «cláusula» en licencias, mañana puede ser una inspección sobre el rótulo o la publicidad. El catalán se convierte en una herramienta de control y no de convivencia.
El PSC demuestra una vez más su nulo interés por desmarcarse del nacionalismo catalán. La supuesta moderación del alcalde Viñuales queda diluida por esta cesión a Junts. Ambos partidos, PSC y Junts, confirman así que su gran pacto es seguir presionando a la sociedad civil con la obsesión identitaria.
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