El Gobierno y Junts per Catalunya continúan representando una ruptura que, en la práctica, no se materializa. Mientras en el Congreso se cruzan reproches y acusaciones de “hipocresía” y “bloqueo”, en los ayuntamientos catalanes y en la política real de los despachos, los acuerdos entre socialistas y juntaires siguen en pie.
Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la última cumbre europea y responder a las preguntas sobre los escándalos que salpican al PSOE y a su entorno familiar, así como sobre la debilidad parlamentaria de su Ejecutivo. Desde la tribuna, el presidente del Gobierno acusó a los separatistas de Junts de “abonarse al bloqueo junto a PP y Vox” y apeló al “espíritu de acuerdo” y a la “política en mayúsculas” para intentar retener a Junts dentro de la mayoría que le dio la investidura.
La respuesta de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, mantuvo la ficción de la ruptura. La diputada acusó a Sánchez de “cinismo e hipocresía”, reprochándole su falta de palabra y una gestión que, según ella, “ahoga a los catalanes”. “Esta relación se ha acabado; ustedes incumplen sistemáticamente con Cataluña. Nuestra responsabilidad es ahogarlos a ustedes”, lanzó Nogueras desde su escaño, antes de enumerar una larga lista de compromisos que, a su juicio, el PSOE no ha cumplido.
A pesar del tono encendido del debate, la supuesta “ruptura” entre Junts y el PSOE no se refleja en la práctica política. Ni los pactos de gobierno en ayuntamientos catalanes se han roto, ni los juntaires han dado ningún paso concreto hacia una moción de censura que pudiera poner en jaque a Sánchez. De hecho, en el ámbito municipal, socialistas y posconvergentes mantienen alianzas estratégicas que les permiten conservar el poder local en unas sesenta poblaciones catalanas.
En el fondo, ambos partidos parecen cómodos en esta ambigüedad calculada. Sánchez necesita mantener la apariencia de estabilidad mientras defiende su gestión ante un Congreso cada vez más fragmentado. Junts, por su parte, refuerza su perfil independentista ante su electorado sin asumir el coste político de forzar un adelanto electoral que podría beneficiar al bloque de la derecha. El resultado es un paripé sostenido en el tiempo: una ruptura que se declama en el Congreso, pero que no se ejecuta en los gobiernos. Un juego de equilibrios que, por ahora, conviene a todos.
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