El cerco judicial sobre las maniobras del entorno socialista para proteger sus siglas sigue estrechándose en la Audiencia Nacional. Este viernes, la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz ha vivido una jornada clave con la declaración de cuatro altos mandos de la Guardia Civil. Sus testimonios confirman una realidad incómoda para el Ejecutivo: existieron directrices internas para rebajar la intensidad en los casos de corrupción que afectan al partido del Gobierno.
El encargado de abrir la ronda de declaraciones ha sido el general Rafael Yuste, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO). Yuste ha ratificado punto por punto lo que ya avanzó ante los propios investigadores del cuerpo. El general ha confirmado que el entonces director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, pidió expresamente rebajar la proactividad en los asuntos que tuvieran «afectación política».
La consigna transmitida desde la cúpula policial era tan gráfica como preocupante: los agentes debían «ponerse de perfil». La instrucción buscaba que la iniciativa de las pesquisas recayera exclusivamente en los jueces, evitando que la Guardia Civil actuara por cuenta propia. Esta orden de contención afectaba de lleno a procedimientos de máxima sensibilidad, de manera muy específica a la investigación penal sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
En los despachos de la Guardia Civil se asumía que estas directrices no nacían de la nada. Tanto el general Yuste como el jefe de la Policía Judicial, Alfonso Alberto López Malo, coincidieron en una reunión clave en julio de 2024 donde se fijaron estas líneas rojas. Ambos mandos han admitido ante el juez Pedraz que la deducción lógica era que el DAO sufría intensas presiones políticas, aunque formalmente han declarado que desconocen el origen exacto de las mismas.
A pesar de la gravedad de la orden recibida, Yuste ha matizado ante el magistrado que no se sintió presionado de forma directa. Una afirmación que, si bien rebaja la coacción personal, no oculta el evidente intento de la estructura de mando por tejer un cordón de seguridad alrededor de la Moncloa. El objetivo de la trama investigada no era otro que torpedear las causas judiciales que amenazan la estabilidad del entorno de Pedro Sánchez.
La causa mantiene como imputados principales al exdirigente socialista Santos Cerdán y a la exmilitante Leire Díez. La investigación trata de dilucidar si se orquestó una estrategia coordinada desde el partido para desacreditar a los investigadores y frenar el avance de la justicia. La comparecencia de los uniformados demuestra que el malestar institucional por el control de la información sensible era una constante. También ha declarado el general jefe del Estado Mayor del cuerpo, el general de división Leonardo Sánchez Peláez, y un mando al que le encargaron investigar presuntas filtraciones del caso Koldo.
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