Casi medio siglo de hegemonía nacionalista en las instituciones catalanas no ha bastado para extirpar la hispanidad de Cataluña. Pese al control de los medios y del sistema educativo, la mayoría de los ciudadanos catalanes mantiene intacto su vínculo afectivo y político con el resto de España. El verdadero problema nunca ha sido la fortaleza del separatismo, sino la fragilidad de un Estado que ha preferido ceder antes que defender a sus propios ciudadanos.
La hegemonía política y mediática del separatismo se explica por la inoperancia histórica del Gobierno central. Los sucesivos inquilinos de La Moncloa han optado de forma sistemática por alimentar económicamente a los líderes secesionistas mientras daban la espalda a la resistencia constitucionalista. Esta estrategia de apaciguamiento, practicada sin excepción por distintos colores políticos, ha dejado desprotegidos a quienes defienden la legalidad en esta comunidad.
El escenario actual con Pedro Sánchez representa un paso más en este proceso de desmantelamiento institucional. La teórica gestión socialdemócrata catalana, encarnada por Salvador Illa, no es más que una versión edulcorada del propio soberanismo. Su discurso asume los dogmas del nacionalismo: impone la exclusividad lingüística en las aulas y niega la condición de nación a España, situando el concepto identitario por encima del marco constitucional.
La memoria reciente desmonta el relato oficial sobre el supuesto reencuentro social. Aquel millón de personas que tomó las calles de Barcelona en octubre de 2017 no exigía amnistías ni impunidad para los golpistas. La ciudadanía ondeó banderas españolas y catalanas reclamando justicia y aplicación de la ley, dejando en evidencia la brecha entre las demandas de la calle y las concesiones que más tarde firmaría el Ejecutivo central de Pedro Sánchez.
Ante el abandono de un Gobierno de España volcado en complacer a sus socios de investidura, el constitucionalismo catalán necesita alianzas alternativas. Corresponde ahora a los ayuntamientos y comunidades autónomas de toda España comprometidos con la Carta Magna promover iniciativas culturales y sociales en Cataluña. Es urgente demostrar que el sentimiento nacional sigue vivo y que el separatismo, aun con la complicidad del PSC, no ha logrado controlar el alma de los catalanes.
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