Marruecos ha vuelto a mover ficha en el tablero diplomático sin que el Gobierno español parezca tener una respuesta firme. El ministro de Justicia alauita, Abdellatif Ouahbi, ha verbalizado de forma explícita que la pretensión sobre Ceuta y Melilla sigue plenamente vigente. No se trata de un simple recordatorio histórico, sino de un aviso medido que retrata la debilidad de la política exterior de Pedro Sánchez.
En apenas 48 horas, el representante del Ejecutivo de Rabat ha desplegado una estrategia mediática perfectamente coordinada. Ha vinculado de manera directa el control de los flujos migratorios y la gestión de los menores no acompañados con la soberanía de las plazas españolas. Esta ofensiva evidencia cómo el régimen vecino utiliza las carpetas sociales y de seguridad como palanca de presión permanente sobre Moncloa.
Durante una entrevista concedida a la cadena Asharq, Ouahbi admitió abiertamente que Rabat exige abordar esta cuestión en cada encuentro bilateral. Frente a la propaganda oficialista que insiste en vender una etapa de armonía y cooperación idílica, la realidad se encarga de desmontar el relato gubernamental. Marruecos no ha renunciado a nada; únicamente ha cambiado sus tiempos.
La estrategia marroquí se define por lo que su propio ministro califica como una política de «largo aliento». Consiste en mantener abierta la herida territorial sin necesidad de provocar un choque frontal inmediato, erosionando progresivamente la posición de Madrid. Es la diplomacia del chantaje a fuego lento, ejecutada con astucia mientras en España se mira hacia otro lado.
El Ejecutivo de Sánchez vuelve a quedar retratado tras haber concedido giros históricos en asuntos clave a cambio de una paz ilusoria. Mientras la diplomacia española se abraza a la complacencia, Rabat aprovecha cualquier resquicio para dejar claro que sus ambiciones territoriales permanecen intactas. La cesión constante como doctrina diplomática solo sirve para alimentar las exigencias del vecino del sur.
Resulta urgente que la política exterior española recupere la firmeza y exija respeto a la integridad territorial sin ambigüedades. Las dos ciudades autónomas son España y la Unión Europea, por mucho que el régimen de Rabat intente normalizar su pretensión en la mesa de negociación. La tibieza de Moncloa ante estas provocaciones no solo debilita nuestra posición, sino que condiciona peligrosamente el futuro de nuestras fronteras.
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