El Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a situar la seguridad jurídica institucional en una posición delicada. La aplicación de la denominada ‘ley de nietos’ ha generado una honda preocupación en la oposición por sus evidentes lagunas operativas. VOX ha decidido incrementar la respuesta frente a lo que considera una alteración grosera del censo electoral.
El origen de la polémica se remonta a la tramitación de la Ley de Memoria Democrática a finales de 2022. Aquella norma abrió la puerta a la nacionalización de descendientes del exilio sin ponderar adecuadamente los mecanismos de verificación. Sin embargo, el problema sustancial llegó justo después con un atajo administrativo ejecutado de espaldas al Parlamento.
Mediante una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el Ministerio de Justicia ensanchó el acceso a la nacionalidad mucho más allá de la letra de la ley. La firma de dicho criterio directivo recayó sobre Sofía Puente, hermana del actual ministro Óscar Puente. Un procedimiento extraordinariamente expansivo que no contó con el debido debate parlamentario ni con las garantías mínimas que exige la Carta Magna.
Ante semejante exceso reglamentario, la formación de Santiago Abascal interpuso un recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional admitió a trámite la impugnación a principios de 2023, pero el fallo sigue dilatándose en el tiempo. Mientras la resolución judicial se pospone, la entrada masiva de nuevos expedientes no ha dejado de crecer en los consulados.
VOX ha registrado de manera paralela una amplia batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados. El objetivo fundamental es fiscalizar la contratación de servicios externos para gestionar estas solicitudes y conocer el alcance del posible fraude. La opacidad de la administración socialista en este ámbito resulta, cuando menos, muy inquietante para el equilibrio democrático.
Abascal ha denunciado públicamente la existencia de una maniobra orientada a condicional los futuros procesos electorales mediante el Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA). Para VOX, el otorgamiento masivo de derechos de voto a personas sin arraigo efectivo en el país distorsiona la voluntad popular. La denuncia de estas irregularidades se ha convertido en una prioridad absoluta para esta formación.
En el ámbito administrativo, se ha solicitado formalmente la nulidad de pleno derecho de la instrucción ministerial dictada en 2022. Del mismo modo, VOX ha recurrido a la Junta Electoral Central exigiendo la suspensión inmediata de las inscripciones sin validar y la auditoría de los contratos externos. El voto por correo desde el extranjero carece actualmente de los estándares necesarios de custodia e identificación personal.
Las dudas sobre la gestión consular se extienden también a la adscripción territorial de los nuevos votantes. La utilización de la casilla de «otros motivos» permite asignar la votación a provincias estratégicas como Madrid sin requerir un vínculo real con el territorio. Este tipo de arbitrariedades confirma la urgencia de auditar minuciosamente todo el proceso de concesión.
La ofensiva parlamentaria ha traspasado además las fronteras nacionales para instalarse de lleno en las instituciones de la Unión Europea. VOX ha elevado una denuncia ante la Comisión Europea solicitando la apertura de un expediente de infracción contra el Reino de España. La concesión de la ciudadanía española implica de forma automática la ciudadanía europea, un estatus que exige rigurosidad en su otorgamiento.
Los eurodiputados de la formación han activado la Comisión de Peticiones y han solicitado un debate de urgencia en la Eurocámara. Mediante reuniones técnicas con la Dirección General de Justicia comunitaria, buscan frenar un precedente peligroso para todo el bloque. España no puede permitir que la búsqueda de rédito electoral coyuntural degrade las garantías democráticas básicas del Estado de derecho.
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