El Ayuntamiento de Barcelona ha vivido un vuelco político de calado en materia de seguridad. El pleno municipal ha servido para certificar el enésimo bandazo del alcalde Jaume Collboni. Los socialistas se han visto obligados a aliarse con el bloque constitucionalista y Junts para desencallar una promesa que arrastraban desde el inicio de su mandato. La parálisis institucional en el consistorio barcelonés vuelve a quedar en evidencia.
La iniciativa ha partido de las filas del Partido Popular. Los populares han presentado una propuesta para dotar de una vez por todas a la Guardia Urbana de dispositivos de control electrónico. Para asegurar el éxito de la votación, el grupo proponente ha aceptado modificar el texto original, facilitando así la adhesión del PSC. Esta maniobra demuestra la incapacidad del gobierno en solitario de Collboni para sacar adelante sus propios proyectos en materias clave.
Vox se ha sumado a esta propuesta, que también ha contado con el voto de Junts. El consenso alcanzado dibuja una nueva mayoría alternativa en la capital catalana cuando se trata de abordar el orden público y la protección de los agentes. El texto definitivo fija un compromiso temporal ineludible. Las primeras pistolas eléctricas deberán estar operativas en las calles de la ciudad antes de que termine la actual legislatura, fijada para la primavera del próximo año 2027.
Como era previsible, las formaciones de izquierda radical y el independentismo republicano se han posicionado en contra. Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya han rechazado frontalmente la medida. Su postura vuelve a evidenciar los complejos que arrastra la izquierda tradicional cuando se debate sobre la autoridad y la seguridad ciudadana.
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