1,5 millones de ciudadanos sí tienen derecho a decidir

Hay en España 1.477.000 ciudadanos que puede elegir quién les presta el servicio de salud, el sistema público o empresas aseguradoras privadas. ¿Y quiénes son estos afortunados? Seguramente lo adivinaste, los funcionarios públicos.

El organismo público MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles) gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios del Estado.

El concierto renovado entre MUFACE y aseguradoras el pasado mes de diciembre por dos años más viene funcionando con éxito desde hace décadas.

Que este sistema funcione debería hacernos reflexionar. En lugar de seguir lamentando beneficios para los funcionarios públicos podemos preguntarnos por qué el resto de ciudadanos no podemos escoger. La realidad es que no parece muy justo que unos ciudadanos disfruten de ese privilegio y el resto no.

Si lo pensamos un poco, los servicios de salud que presta el estado con sus médicos, hospitales, equipamiento y personal no difieren de los servicios que podemos contratar privadamente, acudiendo a ellos directamente o a través de seguros de salud. El servicio de salud público no es más que un seguro de salud y que no es gratuito ya que lo pagamos con nuestras contribuciones a la Seguridad Social. Eso sí, con una significativa diferencia con el privado: es obligatorio, lo contratas quieras o no.

No estamos hablando por tanto de un servicio intrínsecamente ligado al Estado. Conviene recordar a algunos que la medicina y los hospitales existían mucho antes que el Estado decidiera erigirse como proveedor de servicios de salud.

Si no pagáramos lo que nos cuesta el servicio de salud público podríamos pagar un magnífico seguro de salud con iguales o mejores prestaciones. Es eso lo que pueden escoger los 1,5 millones de funcionarios. Por cierto, aunque sea irrelevante para mi argumento, el 80% escoge la mutua privada.

Creo que es tremendamente injusto que el Estado me obligue a contratar un servicio de salud con ellos. El sistema MUFACE es un claro ejemplo que existen alternativas y funcionan. Sí al derecho decidir pero para todos los ciudadanos.

Jordi Patau, miembro del Club de los Viernes

no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya ni de otros organismos públicos.
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