107.000 personas

 

Uno de los secretos mejor guardados por el gobierno de la Generalitat es cómo se lo van a montar para organizar un referéndum sin cobertura legal alguna. En realidad no es un secreto, ya vimos el 9N que simplemente no es posible. Una cosa es aprobar leyes de desconexión y  otra la realidad porque ya se sabe que el papel todo lo aguanta. Marta Rovira, Secretaria General de ERC, ha dicho que van a celebrar el referéndum sin funcionarios.

Todo, según ella, puede recaer en cargos electos. Toda una muestra de equidad en la celebración del referéndum. Rovira olvida que, en todo el mundo, la logística electoral requiere de neutralidad en su organización, garantías democráticas en el recuento, protección de datos, seguridad y un largo etcétera. Repasemos todos los aspectos necesarios para que el referéndum que quieren llevar a cabo se pareciera, mínimamente, a un acto democrático y no a una pachanga.

8.233 mesas, 25.000 miembros de mesas y 50.000 suplentes

En Catalunya en toda convocatoria electoral hay 8.233 mesas que se distribuyen en 2.706 colegios electorales. Estas mesas son aprobadas por los jueces y secretarios de los 49 Partidos Judiciales que hay en la comunidad autónoma, cada uno de los cuales se constituye en Junta Electoral en la que participan tanto funcionarios públicos como representantes designados por los partidos políticos, no solo los independentistas sino, pequeño detalle, de todo el espectro político.

49 Partidos Judiciales y centenares de funcionarios de la administración de Justicia

No podemos olvidar que todo esto está coordinado y supervisado por la Junta Electoral Central, ente que en Catalunya no existe, entre otras cosas porque los partidos políticos catalanes han sido incapaces de ponerse de acuerdo en el Parlament para la aprobación de la Ley electoral catalana dado que para aprobar dicha Ley haría falta una mayoría cualificada en el Parlament de 90 escaños. No deja de ser curioso, por cierto, que no podamos aprobar una ley electoral por falta de mayoría pero en cambio podamos, con menos diputados, declarar la independencia. El no disponer de Junta Electoral ya convierte el posible referéndum en acto sin garantía alguna ni posibilidad de homologación internacional.

947 secretarios municipales  

En esas 8.233 mesas hay 24.699 miembros de mesas, presidente y dos vocales, salidos de un sorteo que realiza el pleno municipal de cada Ayuntamiento de Catalunya. Asimismo se designan también en un sorteo los correspondientes suplentes primero y segundo, todas estas personas son acreditadas por 947 secretarios municipales y los correspondientes funcionarios que dependen de ellos. Solo hasta aquí llevamos 75.500 ciudadanos elegidos por sorteo, no militantes de partidos independentistas como pretende la Sra. Rovira y unos 3.000 funcionarios, de los cuales 1.000 lo son de habilitación nacional, o sea, que dependen directamente del Ministerio encabezado a día de hoy por Cristóbal Montoro.

Sin Instituto Nacional de Estadística

Al igual que Catalunya no dispone de Junta Electoral no dispone de censo. Los datos para la designación de los miembros de las mesas electorales y toda la votación en su conjunto depende de un organismo del Estado, el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este organismo es el que comparte los datos con los Ayuntamientos y realiza las notificaciones a los ciudadanos designados por sorteo para formar parte de las mesas.

Vulnerar la LOPD

El Gobierno catalán no dispone de estos datos y los Ayuntamientos que los cedan a la Generalitat para la celebración del referéndum estarán cometiendo un delito contra la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Las sanciones recaerían tanto sobre el secretario como sobre los cargos electos que aprobaran la cesión de dichos datos. Es preciso recordar en este punto que la LOPD es una ley que en España tiene un régimen sancionador de los más duros de la Unión Europea, y que dentro de este régimen sancionador las vulneraciones de la Ley para ceder datos sobre aspectos políticos, como es el caso, de salud y religiosos son los más duros.

Dicha ley y su régimen sancionador, por cierto, tuvo alto consenso de todas las fuerzas políticas y la propia Generalitat cuenta con una Agencia de Protección de Datos que si la Generalitat utilizara datos censales sin autorización se vería obligada a intervenir contra la propia administración de la que es parte. Desde el anuncio del intento de convocatoria de referéndum el pasado viernes 9 de junio se ha puesto de manifiesto que el Gobierno separatista intentará que el peso de la organización, y por tanto, sus consecuencias de toda índole, también legales, recaiga en los municipios y sus funcionarios y personal laboral. Veamos, brevemente, que consecuencias tiene todo ello:

En Catalunya hay 943 ayuntamientos. Además de los ya citados miembros de la secretaria general con su secretario al frente, son precisas unas 6.000 personas para que reciben datos del recuento así como el personal de comunicación, unas 500 personas para comunicar dichos datos mediante los medios de comunicación propios del consistorio. Así pues ya estamos en 82.000 personas de los que 9.500 son trabajadores públicos, no todos funcionarios dado que a nivel local hay mucho personal laboral no funcionarial.

Estos funcionarios son los responsables de la exposición del censo en todas las casas consistoriales en las semanas previas a la celebración de toda convocatoria electoral, la atención a ciudadanos para subsanar errores en el censo, direcciones, apellidos, números de DNI, y otras eventualidades.

Otro paquete de funcionarios municipales, alrededor de unos 2,500 en toda Catalunya, actualicemos datos por tanto y ya estamos en 84.000 personas de las que 12.000 son funcionarios, son los responsables de la designación de los colegios electorales, así como los espacios para poner publicidad y realizar mítines y actos electorales.

En este apartado hay que tener en cuenta que si bien la mayoría de locales son municipales muchos de ellos son de propiedad privada, en especial de escuelas concertadas y centros deportivos o culturales privados que ceden sus instalaciones para las elecciones pero que, por mucho que presione la Generalitat, tal como ya vimos que hizo en la celebración del 9N pueden oponerse. Sirva como ejemplo las decenas de mesas electorales que hay en las instalaciones del Colegio La Salle en La Bonanova de Barcelona o en Los Salesianos de Mataró.

Llegados a este punto, para poder evaluar la viabilidad y garantías democráticas de un referéndum por la independencia de Catalunya deberíamos entrar en si todos los Ayuntamientos pondrían a disposición del gobierno secesionista toda la infraestructura y datos que son necesarios. Y ahí, de nuevo, la respuesta no parece favorecer los intereses de Puigdemont, Junqueras y sus socios de la CUP. ¿Pondrá los recursos humanos, técnicos y materiales sel Ayuntamiento de L’Hospitalet, Lleida, Tarragona, Cornellà, Mataró, Pineda de Mar, Sant Adrià de Besos, por poner solo algunos ejemplos?

¿Sin la participación de municipios de superan los dos millones de población que tipo de referéndum se puede llevar a cabo? La única solución que tendría el Gobierno catalán para poder celebrar el referéndum en esos municipios sería aplicar lo anunciado por Lluís Llach en un ataque de sinceridad, o sea, destituir por la fuerza a Alcaldes y secretarios.  Si lo hacen, que ganas no les faltarán, el discurso sobre la democracia dejará de ser mínimamente creíble.

Se necesitan más de 5.000 policías

Y es que efectivamente el peso que recae en los Ayuntamientos en todo proceso electoral es clave. Entremos ahora en el capítulo de cuerpos uniformados. En todos los Ayuntamientos de Catalunya en los que hay policía municipal gran parte de los colegios, no todos, por falta de efectivos, son cubiertos por Policiales Locales pero hay que decir que solo 213 de los 947 municipios catalanes cuentan con policía municipal, así que aunque para cubrir todos los colegios en sus correspondientes turnos, una jornada electoral dura 14 horas, serían precisos 5.412 policías municipales, miembros del CNP y Mossos.

Hasta aquí el recuento se eleva ya a 89.412 personas de las que 17.412 son funcionarios y trabajadores públicos de la administración del Estado, la Generalitat y Municipal.

Pero no termina aquí la cosa, los municipios han de proveer otros 5.412 representantes de la administración, estas son personas formadas adhoc para atender las vicisitudes que suceden a lo largo de una jornada electoral: personas que se equivocan de urna al votar, otras que votan con documentación errónea, por poner algunos ejemplos. En este caso no todos son trabajadores públicos así que los asignaremos al 50%. Esto nos lleva ya hasta las 94.824 personas implicadas profesionalmente en el proceso electoral de las que 20.115 son trabajadores públicos.

Más de 1.000 voluntarios sociales

Para poder votar todo el mundo ejerce un papel fundamental los 1.000 voluntarios que en toda Catalunya procedentes de Cruz Roja y otras organizaciones trabajan el día electoral para atender a personas mayores y discapacitadas con dificultades de movilidad. Hemos llegado a los 96.000 efectivos.

Correos, notarios…

Y en este campo del derecho al voto de todos los ciudadanos juega un papel fundamental Correos y sus  8.000 trabajadores en Catalunya. Esta es una empresa pública que, sin duda, cumpliría a rajatabla las resoluciones judiciales y por lo tanto no pondría ni su personal ni su logística esencial a disposición de una convocatoria fuera del marco legal como la que se plantea para el 1 de octubre. 104.000 personas ya están implicadas en la jornada electoral.

A estos, en el ámbito del derecho al voto debemos sumar los 557 notarios que hay en Catalunya, todos y cada uno de ellos tienen la posibilidad de acreditar la identidad y estado físico y capacidad intelectual de personas que quieren ejercer el derecho al voto y no pueden desplazarse a Correos a solicitar la documentación. A estos hay que sumar los oficiales de notarias y sus trabajadores. 105.000 ya se ven sometidas a estado de estrés por tener que enfrentarse a desobedecer la Ley por las decisiones arbitrarias que toma Puigdemont y su gobierno, y la cosa no termina aquí.

Falta todo el capítulo de empresas privadas implicadas en el proceso, ya hemos tenido algún apunte por las empresas homologadas para fabricar urnas, las imprentas que fabrican las papeletas o la empresa que da soporte informático al recuento. Todos ellos son unos 2.000 trabajadores para completar el  total de 107.000 catalanes.

107.000 – 12.000 cargos electos = Faltan 95.000 personas

En Catalunya hay aproximadamente unos 10.000 concejales y alcaldes si a estos les sumamos diputados al Parlament, asesores y altos cargos de Generalitat podemos llegar a 12.000 personas. No todos ellos son independentistas pero incluso en el caso que lo fueran las cuentas de Marta Rovira no salen.

En definitiva Marta Rovira dice que va a hacer recaer el trabajo del referéndum en políticos y que los funcionarios no son necesarios. Pues bien, si lo son porque muchos de ellos como los secretarios municipios, policías, funcionarios y trabajadores de correos o el INE, secretarios judiciales, entre otros, son insustituibles por otras personas si se desea que el referéndum sea mínimamente homologable y el resto de personas precisas si son todas militantes del Pedcat, la CUP y ERC al ser arte y parte no recibirían el aval de nadie.

Así las cosas, y siendo la realidad tan inexorable, aquí no cabe posverdad ni manipulación que valga. ¿A qué insistir tanto en el que el día 1 se va a votar?


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