La captura de Nicolás Maduro no es solo un éxito policial o militar de la administración estadounidense; es, ante todo, un acto de justicia poética para un pueblo que lleva un cuarto de siglo desangrándose. La operación quirúrgica liderada por Washington ha logrado lo que años de retórica vacía y «diálogo» infructuoso no pudieron: decapitar una estructura criminal que utilizaba las instituciones del Estado para el narcoterrorismo. Tras décadas de impunidad, el tirano de Miraflores por fin se enfrentará a la ley en un tribunal que no puede controlar.
La intervención norteamericana debe verse como un imperativo moral ante el colapso total de una nación. Venezuela no era una democracia en dificultades, sino un Estado fallido secuestrado por una oligarquía militar y política que prefería ver a sus ciudadanos hurgando en la basura antes que ceder un ápice de poder. El apoyo de Donald Trump a esta causa es el único lenguaje que los regímenes totalitarios comprenden: la fuerza de la ley respaldada por la determinación de las democracias liberales.
Uno de los efectos más inmediatos y esperanzadores de esta nueva era debe ser el retorno de los exiliados. Millones de venezolanos —el talento y la fuerza de un país— se vieron obligados a huir de la miseria y la persecución. Familias enteras que hoy malviven lejos de su hogar tienen, por fin, una ventana abierta para regresar a reconstruir lo que el socialismo del siglo XXI redujo a cenizas. La vuelta de la diáspora es la pieza clave para la recuperación económica y social de Venezuela.
Frente a la claridad de Washington, resulta bochornosa la reacción de la izquierda española y sus socios separatistas. Mientras ERC y el Grupo de Puebla se envuelven en la bandera de la «soberanía» para proteger a un presunto narcotraficante, los demócratas debemos exigir el fin definitivo de la dictadura sin matices. No hay soberanía que valga cuando un gobernante asesina y hambrea a su propio pueblo; en ese momento, la intervención internacional se convierte en una obligación de auxilio.
La caída de Maduro es también un aviso para los satélites del chavismo en España. Se acabó el tiempo de las maletas en Barajas y de los embajadores que actuaban como testaferros. El desmantelamiento del régimen permitirá conocer la magnitud real de la penetración del dinero bolivariano en nuestra política. Aquellos que hoy critican la acción de EE. UU. son los mismos que han vivido de la complacencia con el Palacio de Miraflores mientras el pueblo venezolano sufría una crisis humanitaria sin precedentes.
El camino que se abre ahora no será sencillo, pero es el único posible para recuperar la dignidad nacional. La transición en Venezuela debe ser liderada por las fuerzas democráticas que han resistido años de tortura y cárcel, con el apoyo logístico y la vigilancia de la comunidad internacional. No se puede permitir que el vacío de poder sea llenado por figuras grises como Delcy Rodríguez, que representan la continuidad del mismo modelo de opresión.
La justicia estadounidense ha dado el primer paso, pero el mundo libre debe dar el segundo: reconocer formalmente un gobierno de transición que convoque elecciones libres bajo supervisión internacional. El fin de la dictadura no será completo hasta que las instituciones sean saneadas y los responsables de crímenes de lesa humanidad paguen por sus actos. La impunidad no puede ser el precio de la paz; la reconciliación solo es posible sobre la base de la verdad y el castigo a los culpables.
En España, es hora de que el Gobierno de Pedro Sánchez abandone la ambigüedad y se sitúe, sin complejos, al lado de sus aliados occidentales. No cabe la equidistancia entre un sistema judicial garantista como el estadounidense y una tiranía que utiliza las ametralladoras para mantenerse en el poder. La complicidad por omisión del Ejecutivo actual con el régimen de Maduro es una mancha en nuestra política exterior que debe ser borrada de inmediato.
La libertad de Venezuela es la libertad de toda Iberoamérica. El fin del eje Caracas-La Habana supondrá un alivio para las democracias de la región, que han visto cómo la inestabilidad y el populismo se exportaban sistemáticamente desde el Orinoco. El éxito de esta intervención es el fracaso del modelo autoritario que el Grupo de Puebla pretendía normalizar en todo el continente, incluyendo sus ramificaciones en suelo europeo.
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