El ecosistema mediático y académico vinculado al separatismo catalán ha vuelto a activar su maquinaria contra las instituciones del Estado. Esta vez, el objetivo es el Tribunal Constitucional, pieza clave de nuestra democracia. A través de un informe del Instituto de Estudios del Autogobierno, dependiente de la Generalitat, se intenta dibujar a la alta magistratura como un órgano al servicio del centralismo. Este informe ha sido desvelado por el digital soberanista ‘elMón’
El estudio, elaborado por politólogos de la órbita nacionalista (Joan-Josep Vallbé, Daniel Cetrà y Marc Santjaume-Calvet) analiza décadas de resoluciones para concluir que existe un «sesgo estructural». Según estos autores, el Tribunal tiene una predisposición mayor a anular leyes autonómicas que estatales. Esta lectura interesada ignora deliberadamente que muchas normas regionales vulneran competencias exclusivas del Estado de forma sistemática.
La Generalitat utiliza su propio think tank para alimentar el relato del agravio comparativo. Al afirmar que el Tribunal actúa bajo una «lógica de continuidad política», los autores pretenden deslegitimar cualquier freno legal al separatismo. Es la estrategia habitual: si la ley no se ajusta a sus planes, se cuestiona a quien debe interpretarla.
El informe sostiene que la probabilidad de anular una norma autonómica es del 55%, frente al 23% de las estatales. Sin embargo, estas cifras ocultan la realidad de la hiperactividad legislativa de ciertos parlamentos regionales. Comunidades como la catalana han forzado los límites competenciales de forma recurrente, provocando la lógica intervención del Constitucional.
Resulta llamativo que el estudio califique de «robusto» un análisis que parece diseñado para confirmar una tesis previa. No se menciona la lealtad institucional, un concepto que el nacionalismo ha borrado de su diccionario político. Al atacar la neutralidad de los magistrados, el independentismo busca despejar el camino para nuevos desafíos jurídicos.
Este tipo de publicaciones no son casuales ni puramente académicas. Forman parte de un engranaje político que busca justificar la desobediencia civil y legislativa. Para el separatismo, cualquier órgano que defienda la unidad de España y el cumplimiento de la Carta Magna es, por definición, un actor parcial y politizado.
El Gobierno de Pedro Sánchez, prisionero de sus pactos con estas formaciones, guarda un silencio cómplice ante estos ataques institucionales. Mientras la Generalitat de Illa desmantela el prestigio del TC que dirige Cándido Conde-Pumpido desde las instituciones catalanas, el Ejecutivo central prefiere mirar hacia otro lado. Esta pasividad solo refuerza la sensación de impunidad de quienes cuestionan el orden democrático.
La crítica al «sesgo centralista» es, en realidad, una crítica a la existencia misma de un árbitro que haga cumplir las reglas del juego. Sin un Tribunal Constitucional fuerte y respetado, la arquitectura de nuestro Estado de Derecho se debilita peligrosamente. El informe de la Generalitat es solo una pieza más en la demolición controlada del sistema del 78.
Es necesario recordar que la justicia no se basa en cuotas de anulación, sino en la adecuación a la norma suprema. Si las leyes autonómicas son anuladas con más frecuencia, quizá el problema no sea el juez, sino el legislador que ignora sus límites. El rigor jurídico debe prevalecer sobre las estadísticas cocinadas en despachos oficiales de la Generalitat.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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