Unos sindicatos vendidos al Gobierno

La huelga general convocada por UGT y CCOO para el próximo 15 de octubre, supuestamente en solidaridad con el pueblo palestino, ha despertado más escepticismo que entusiasmo. Después de casi ocho años de silencio sindical ante los problemas reales de los trabajadores españoles, resulta cuando menos sorprendente que ambos sindicatos reaparezcan ahora con una movilización de tintes políticos y simbólicos, más orientada a reforzar el relato del Gobierno que a defender los derechos de los ciudadanos.

Durante todo el mandato de Pedro Sánchez, UGT y CCOO han permanecido inmóviles ante situaciones que justificaban de sobra una protesta masiva. Cuando la inflación se disparó hasta niveles históricos, asfixiando a las familias y reduciendo el poder adquisitivo de los salarios, los sindicatos callaron. Cuando el precio de la electricidad alcanzó cifras insostenibles y las pequeñas empresas tuvieron que recortar plantilla para sobrevivir, tampoco se movilizaron. Su silencio fue tan elocuente como su actual repentina efervescencia.

Lo que no provocó ni una sola manifestación —la precariedad, los impuestos abusivos o el deterioro de los servicios públicos— ahora parece olvidado en favor de una causa internacional que sirve de excusa perfecta para reactivar su presencia pública. No se trata de restar importancia al drama humanitario en Gaza, sino de denunciar la manipulación política de un conflicto ajeno que se utiliza como cortina de humo para distraer a los españoles de los problemas internos del país.

UGT y CCOO, tradicionalmente afines al PSOE y a Izquierda Unida/Sumar, parecen actuar hoy más como brazo propagandístico del Gobierno que como defensores de los trabajadores. No hubo huelgas cuando Sánchez decidió socavar el equilibrio institucional con leyes polémicas, cuando atacó al Poder Judicial o cuando se aprobó una amnistía cuestionada por amplios sectores de la sociedad. Tampoco las hubo cuando la Constitución fue ninguneada o cuando los autónomos vieron aumentar sus cotizaciones. La lealtad a Moncloa ha pesado más que la defensa del interés general.

Ahora, con el Gobierno bajo presión por los casos de corrupción y el desgaste acumulado tras años de promesas incumplidas, los sindicatos deciden salir a la calle. Pero no para reclamar empleo, mejoras salariales o vivienda asequible, sino para sumarse a una campaña política con aroma ideológico. Es difícil no ver en esta huelga un intento desesperado por desviar la atención de los errores del Ejecutivo, reactivando la bandera de la izquierda en un momento en que la desafección crece incluso entre sus votantes más fieles.

La incoherencia es evidente. Quienes han permanecido callados ante la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la desigualdad o la precariedad laboral, ahora apelan a la conciencia colectiva y la solidaridad internacional. Sin embargo, para los trabajadores que cada día lidian con la hipoteca, el precio de la cesta de la compra o la falta de oportunidades, estas proclamas suenan huecas y lejanas. La huelga por Gaza no resolverá los problemas reales de España, ni aliviará el sufrimiento de los españoles que se sienten abandonados por quienes decían representarlos.

Su dependencia política del Gobierno los ha convertido en parte del sistema que deberían fiscalizar. La imagen de UGT y CCOO como guardianes de la justicia social se desmorona cuando sus dirigentes actúan en función de los intereses del poder y no de los trabajadores. Por eso, cada vez menos españoles confían en ellos: porque su silencio en los momentos difíciles ha tenido consecuencias reales y su repentina indignación parece oportunista.

Esta huelga general pasará, como tantas otras maniobras políticas, dejando tras de sí más confusión que soluciones. Pero su significado será recordado: la prueba definitiva de que los grandes sindicatos se han convertido en actores de un teatro ideológico desconectado del país real. Mientras las familias siguen luchando por llegar a fin de mes, UGT y CCOO marcharán bajo pancartas ajenas, olvidando que su deber no es con el Gobierno, sino con los trabajadores a los que hace tiempo dejaron de representar.

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