En los últimos años, una fractura cada vez más visible se ha abierto entre buena parte de la izquierda catalana y el electorado tradicional de los barrios de menor renta, sus tradicionales feudos electorales. Mientras las formaciones como ERC, el PSC o Sumar proclaman su compromiso con la justicia social, en la práctica parecen haber dado la espalda a las demandas más urgentes de los vecinos: seguridad ciudadana, convivencia y cohesión social.
La sensación creciente en muchos de estos barrios es que quienes gobiernan lo hacen desde una burbuja ideológica, desconectados de la realidad cotidiana de quienes viven con salarios bajos, alquileres altos y una creciente inseguridad. En zonas populares de ciudades como Barcelona, Hospitalet, Badalona o Tarragona, los vecinos denuncian el deterioro de la vida en comunidad.
Calles que antes eran espacios de socialización se han convertido en escenarios de conflicto, trapicheo y miedo. Son muchos los ejemplos: Verneda o Sant Antoni en Barcelona, Bellvitge o La Florida en L’Hospitalet, Rocafonda en Mataró, Sant Ildefons en Cornellà, Les Planes en Esplugues de Llobregat, el casco antiguo en Lérida…
El aumento de la delincuencia, el tráfico de drogas y la ocupación ilegal no son percepciones infundadas, sino realidades que afectan directamente a quienes tienen menos recursos para marcharse o blindarse. Sin embargo, desde los gobiernos municipales de PSC, ERC y Comunes se insiste en relativizar estas preocupaciones, calificándolas a menudo de exageraciones o incluso de discursos de odio.
Particularmente sensibles son los casos de barrios con alta concentración de población inmigrante, donde el abandono institucional ha dado lugar a dinámicas de segregación preocupantes. Lejos de favorecer una integración efectiva, la dejadez de las administraciones ha permitido que surjan guetos con normas paralelas, donde las mujeres apenas participan de la vida pública, la presión religiosa se impone en las escuelas, y los que no se adaptan a estos códigos acaban marchándose. Lo más grave es que, en lugar de abordar esta situación con seriedad, los responsables políticos optan por criminalizar a los propios vecinos que se atreven a denunciarlo.
Los alcaldes de ERC, PSC y Comunes lejos de escuchar, acusan. Cuando los ciudadanos reclaman más presencia policial o exigen medidas para frenar el deterioro del barrio, reciben como respuesta acusaciones de racismo o clasismo. Este desprecio sistemático hacia el malestar legítimo de los votantes tradicionales de izquierda está generando una ruptura de confianza difícil de revertir. Muchos vecinos se sienten abandonados, sin voz ni representación, mientras los partidos que en teoría los defendían se enrocan en discursos alejados del terreno.
Este abandono institucional está generando una peligrosa sensación de impunidad en ciertos entornos, donde la ley del más fuerte se impone sobre la convivencia. Las mujeres, los mayores y las familias con niños son los principales afectados, obligados muchas veces a cambiar de barrio o a encerrarse en casa. La izquierda catalana, al no querer reconocer esta realidad, está facilitando un caldo de cultivo perfecto para el auge de fuerzas populistas y de derecha que prometen soluciones drásticas allí donde la izquierda solo ofrece excusas.
La desconexión entre los partidos progresistas y sus bases se agrava por una arrogancia ideológica que desprecia toda crítica como si fuera un ataque reaccionario. En vez de abrir espacios de escucha y reformular políticas públicas, se opta por blindar el relato y estigmatizar al disidente. Así, el espacio político que tradicionalmente representaba a los ciudadanos con menos renta corre el riesgo de convertirse en un club elitista, ajeno a los problemas reales de quienes aún luchan por llegar a fin de mes.
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