Un nuevo episodio de extrema violencia se ha registrado en el centro penitenciario de Lledoners, situado en Sant Joan de Vilatorrada, con el resultado de tres trabajadores heridos. Los hechos ocurrieron durante una intervención destinada a trasladar a un recluso a una celda de contención mecánica. El interno, identificado con las iniciales O. C. G., mostró una actitud hostil desde el primer instante del operativo.
La actuación de los funcionarios respondía a una indicación médica estricta para garantizar la seguridad en el recinto. Sin embargo, el recluso desobedeció de forma reiterada las instrucciones del personal y opuso una resistencia activa de gran intensidad. Durante el forcejeo, profirió diversos insultos y amenazas de muerte dirigidas contra los profesionales presentes. La situación escaló cuando el individuo logró liberarse parcialmente de las sujeciones establecidas. En ese instante, propinó una fuerte patada en la cabeza a uno de los mandos que coordinaba la operación, lo que provocó que varios efectivos cayeran al suelo.
Pese a encontrarse derribado, el agresor continuó intentando golpear al personal y mantuvo una oposición constante a la intervención. Asimismo, reiteró las amenazas de muerte y aseguró contar con personas en el exterior dispuestas a atentar contra los funcionarios. El interno manifestó que le era indiferente asumir una clasificación en primer grado y que la agresión había valido la pena.
Como consecuencia directa de estos altercados, tres profesionales penitenciarios precisaron asistencia médica en una mutua laboral. El Sindicat Català de Presons (SICAP-FEPOL) ha denunciado públicamente la gravedad de estos hechos, que ponen de relieve los riesgos a los que se enfrentan diariamente las plantillas.
La organización sindical ha dirigido duras críticas contra la gestión política actual, señalando directamente al conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. Desde el sindicato se argumenta que el conseller mantiene una actitud de silencio y pasividad ante el incremento sostenido de las agresiones en los centros penitenciarios catalanes.
Ante este escenario, los representantes de los trabajadores reclaman medidas urgentes que incluyan el incremento de las dotaciones de personal, protocolos operativos más eficaces y recursos de protección adecuados. Del mismo modo, exigen un refuerzo en el soporte jurídico inmediato para los empleados públicos afectados por este tipo de incidentes violentos.
El sindicato ha ido un paso más allá en sus reclamaciones políticas al exigir formalmente la destitución inmediata de Domingo Estepa, director general d’Afers Penitenciaris. La organización considera que la reiteración de incidentes graves evidencia el fracaso absoluto de las políticas de prevención y seguridad impulsadas bajo su mandato.
Finalmente, la central sindical ha exigido actuaciones concretas como la personación de la Administración como acusación particular y la comunicación inmediata de los hechos al juzgado de guardia y al Ministerio Fiscal. También se solicita la revisión urgente de los protocolos frente a conductas extremadamente violentas y la adopción de medidas regimentales severas para el recluso implicado.
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