El Ministerio de Transportes vuelve a trasladar a los usuarios de la alta velocidad las consecuencias de su deficiente gestión ferroviaria. El incremento del tiempo de viaje entre Barcelona y Madrid, que añade 25 minutos al trayecto en AVE, se prolongará finalmente hasta diciembre tras el acuerdo alcanzado este jueves entre Adif, Renfe, Iryo y Ouigo. Una decisión que confirma que lo que se presentó como una medida excepcional se ha convertido, de facto, en una normalización del deterioro del servicio.
Fue el pasado martes cuando las cuatro compañías pactaron este alargamiento del tiempo de viaje, en un contexto marcado por semanas de incertidumbre, retrasos constantes y una evidente falta de planificación por parte del gestor de infraestructuras, dependiente directamente del Ministerio que dirige Óscar Puente bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Junto al aumento de duración del trayecto, también se mantendrá hasta final de año la supresión de los últimos trenes del día en el corredor, una medida que reduce aún más la oferta y castiga especialmente a los viajeros habituales.
Adif justifica estas decisiones alegando la necesidad de disponer de más margen para realizar tareas de mantenimiento cuando no circulan trenes comerciales. Sin embargo, este argumento no hace sino evidenciar los problemas estructurales de una red que no ha sabido adaptarse al aumento de tráfico tras la liberalización del sector. En lugar de reforzar medios, personal y planificación, el Ministerio opta por recortar servicios y empeorar los tiempos de viaje, trasladando el problema al usuario.
La situación se agrava tras los accidentes de Adamuz y Gelida, que han disparado los avisos de los maquinistas por incidencias en las vías. Cada aviso obliga a reducir la velocidad y a realizar inspecciones nocturnas, lo que ha generado una cadena de retrasos continuos en la línea Barcelona-Madrid. Algunos trenes han llegado incluso de madrugada, complicando aún más unas labores de mantenimiento que, según reconoce implícitamente Adif, no se están gestionando con la eficacia necesaria.
Ante este escenario, fue el propio gestor de infraestructuras quien solicitó la supresión de los últimos y primeros trenes del día para “ganar tiempo” en las inspecciones. Lo que inicialmente se planteó como una medida temporal hasta este sábado se extiende ahora varios meses más, con el pretexto de facilitar la planificación de la venta de billetes y “normalizar” la situación. Una normalización que, en la práctica, supone asumir retrasos, menos trenes y un servicio de peor calidad en uno de los corredores ferroviarios más importantes del país.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de modernización y apuesta por el ferrocarril como eje de la movilidad sostenible, la realidad para miles de viajeros es muy distinta: más tiempo de viaje, menos opciones y una sensación creciente de improvisación y falta de responsabilidad política en la gestión de una infraestructura clave.
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