En los últimos tiempos ha aparecido un concepto nuevo en la política catalana, que ha ido cobrando fuerza tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
Se trata de Tabarnia, un territorio que agruparía a las comarcas de Cataluña en torno a las ciudades de Barcelona y Tarragona caracterizadas por un mayor nivel de desarrollo industrial y población urbana junto con un menor porcentaje de voto nacionalista.
Convivencia Cívica Catalana (CCC) analiza en un informe algunas de las principales variables a nivel económico de este territorio, incluida su balanza fiscal con el gobierno de Cataluña.
Una de las principales conclusiones del análisis efectuado es que la administración catalana obtiene de Tabarnia el 82% de sus ingresos pero destina a este territorio sólo el 66% de sus gastos.
Ello significa, en términos relativos, que el gobierno catalán impone a Tabarnia un déficit fiscal más elevado que el de Cataluña dentro de España.
En valores absolutos, Tabarnia presenta un déficit fiscal de 4.659 millones de euros dentro de Cataluña. Sus ciudadanos y empresas aportan al gobierno catalán 23.843 millones pero solo reciben de él en gastos e inversiones 19.184 millones.
En términos per cápita, de media cada ciudadano de las comarcas que componen Tabarnia aporta al gobierno de Cataluña 838 euros más de lo que recibe.
El estudio de las balanzas fiscales dentro de Cataluña evidencia en términos generales que el gobierno catalán extrae recursos de forma significativa desde las zonas no nacionalistas de Cataluña para transferirlos hacia las de voto más nacionalista.
Por otra parte, el análisis también pone de relieve que las comarcas que conforman Tabarnia aportan más de tres cuartas partes del PIB de Cataluña (en concreto, un 78%), pero reciben menos de la mitad (47%) de las inversiones reales del gobierno autonómico de Cataluña en materia de infraestructuras.
Se trata de una diferencia muy sustancial: 30 puntos porcentuales por debajo de la aportación al PIB. Ello es políticamente relevante ya que, como es conocido, una de las principales exigencias del gobierno catalán al gobierno central es que invierta en infraestructuras en Cataluña en una proporción igual al PIB de Cataluña dentro de España.
Sin embargo, el gobierno catalán incumple claramente esa ‘regla’ dentro de Cataluña en la distribución de sus propias inversiones, invirtiendo en las comarcas más dinámicas económicamente en una proporción sustancialmente por debajo de su PIB.
Convivencia Cívica Catalana lamenta “que el ejecutivo autonómico catalán se niegue a publicar las balanzas fiscales de las provincias y comarcas catalanas”.
“No parece coherente reclamar transparencia para conocer los flujos fiscales dentro de España mientras se oculta esa misma información dentro de Cataluña”, concluye esta entidad cívica.
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