La normalización lingüística en Cataluña se ha convertido durante décadas en un instrumento de exclusión. Bajo el paraguas de la inmersión, las administraciones locales han impuesto barreras insalvables. El mérito y la capacidad han quedado sistemáticamente subordinados a la ortodoxia identitaria.
En este escenario de desamparo institucional, la labor de Convivencia Cívica Catalana resulta fundamental. Esta entidad ciudadana ejerce una vigilancia democrática implacable. Su trabajo diario defiende los derechos lingüísticos de los catalanes castellanoparlantes frente al rodillo nacionalista.
Uno de los frentes más sangrantes es el acceso al empleo público local. Diversos ayuntamientos exigen niveles de catalán desproporcionados e injustificados. Estas exigencias buscan vetar de manera encubierta a profesionales válidos que no comulgan con el dogma oficial.
Lo alarmante no es solo la actitud de los partidos separatistas, sino la constante connivencia del socialismo catalán. El PSC ha asumido sin complejos los postulados nacionalistas en el ámbito municipal. Con su silencio o participación directa, los alcaldes socialistas avalan la discriminación laboral en los consistorios.
Frente a este abuso institucional, Convivencia Cívica Catalana ha recurrido con firmeza a los tribunales. Sus demandas sistemáticas están logrando victorias judiciales clave. Los jueces empiezan a recordar que las normas públicas deben respetar la proporcionalidad y la igualdad de trato.
Las sentencias recientes anulan convocatorias públicas de empleo profundamente discriminatorias. Estos fallos devuelven la cordura a procesos de selección viciados por el sectarismo político. Demuestran que el Estado de derecho sigue funcionando a pesar de las presiones del poder local.
Defender el bilingüismo no supone atacar ninguna lengua, sino proteger la convivencia ciudadana. Todos los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con su administración sin coacciones ideológicas. La igualdad ante la ley es un pilar irrenunciable que la izquierda institucional parece haber olvidado por completo.
La sociedad civil se erige de este modo en el verdadero contrapoder democrático. Ante la pasividad de los grandes partidos, asociaciones como esta sostienen la bandera de la libertad individual. Su valentía en los tribunales merece el reconocimiento de todos los demócratas convencidos.
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