El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha explicado que exigirá un mínimo de diez años de empadronamiento para poder acceder a una vivienda social o de protección oficial. Esta propuesta se debatirá y votará en la Comisión de Urbanismo de hoy 16 de septiembre.
“Barcelona es una de las ciudades con la vivienda más cara de España y cuenta con un parque público insuficiente. Por eso, es de justicia que los pisos protegidos se destinen prioritariamente a los barceloneses que llevan más tiempo contribuyendo y construyendo ciudad”, ha afirmado.
El dirigente popular ha explicado que esta medida busca proteger a los vecinos nacidos en Barcelona, evitar el “efecto llamado” de nuevos empadronamientos y reconocer el esfuerzo de quienes, durante años, han pagado impuestos y participado en la vida social y cultural de la ciudad.
Sirera considera que “es necesario tener en cuenta el arraigo a la ciudad; no es justo que alguien que acaba de llegar tenga las mismas opciones de acceso a una vivienda que aquellos que han nacido y establecido su vida en Barcelona, con especial atención a los jóvenes, que muchas veces se ven obligados a buscar vivienda en otros municipios.”
El presidente del Grupo Popular ha recordado que en otras ciudades ya existen requisitos similares: Getafe exige cinco años de empadronamiento al igual que en las Baleares. “Barcelona debe dar un paso más y fijar el listón en diez años. Porque Barcelona no puede dar la espalda a quienes siempre han estado aquí”, ha añadido. Propone que este requisito se exceptúe para aquellos barceloneses que, teniendo más de diez años de arraigo en la ciudad, se vieron obligados a marcharse porque no pudieron acceder a una vivienda asequible y ahora desean regresar.
Asimismo, Sirera ha adelantado que la propuesta incluirá también excepciones para situaciones de vulnerabilidad: “Por supuesto que las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad sobrevenida o quienes sufran una emergencia social estarán siempre protegidos. Pero el criterio general debe ser premiar el arraigo y la fidelidad a la ciudad”.
Finalmente, ha subrayado que esta iniciativa forma parte del compromiso del PP de Barcelona por devolver la justicia y el sentido común a las políticas de vivienda: “Barcelona necesita menos ideología y más soluciones reales. Con nosotros, los barceloneses con voluntad de arraigo tendrán prioridad para acceder a una vivienda social.”
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