La reciente renovación de Marcela Topor al frente del programa The Weekly Mag en la Xarxa – cadena de televisiones locales en la provincia de Barcelona que coordina la Diputación, en manos del PSC – ha vuelto a desatar la polémica en el panorama mediático catalán.
Topor, periodista y esposa del expresident y prófugo Carles Puigdemont, seguirá cobrando más de 7.000 euros mensuales por presentar un espacio que, según los datos de audiencia disponibles, apenas logra reunir a unas diez mil personas cada semana. La decisión ha sido impulsada por la Xarxa Audiovisual Local, consorcio dependiente de la Diputación de Barcelona y gobernado por el PSC, lo que ha generado críticas sobre el uso de fondos públicos para sostener proyectos con escaso impacto ciudadano.
La continuidad del programa ha reabierto el debate sobre el criterio con el que se reparten los recursos públicos en los medios de comunicación financiados por instituciones controladas por el socialismo catalán. Mientras se aplican recortes en áreas de comunicación local y se cierran proyectos con mayor seguimiento, se mantiene una producción costosa y de limitada repercusión, únicamente por la relevancia mediática del apellido que lleva su presentadora. Para muchos trabajadores del sector, la renovación evidencia un trato de favor difícil de justificar desde parámetros profesionales.
El contrato de Topor, que asciende a cerca de 90.000 euros anuales, resulta especialmente controvertido si se compara con el presupuesto de otros programas culturales o de información local, que con menos recursos consiguen audiencias superiores y una conexión más directa con el territorio. La Xarxa, sin embargo, ha optado por mantener una apuesta que no genera retorno ni en términos de audiencia ni en influencia social, lo que alimenta las sospechas de que la decisión responde a criterios políticos y no periodísticos.
Críticos del sector denuncian que este tipo de contratos refuerzan la percepción de una red clientelar que se nutre de dinero público para sostener figuras afines al poder político o con vínculos con antiguos líderes. La relación de Topor con Puigdemont añade un componente simbólico que incomoda a buena parte del separatismo, que ve en esta renovación un gesto de complacencia del PSC hacia el expresident en un momento de pactos y acercamientos políticos en el Parlament.
El PSC ha evitado dar explicaciones detalladas sobre los criterios que han justificado esta renovación, limitándose a defender la “pluralidad de la oferta” de la Xarxa. Sin embargo, esa defensa genérica no convence a los profesionales del medio, que consideran que se trata de un privilegio injustificado en un momento de contención presupuestaria y caída de la audiencia televisiva en general.
Además, esta renovación llega en un momento delicado para la imagen del PSC, que intenta presentarse como garante de la gestión eficiente y el uso responsable de los recursos públicos. La continuidad de Topor contradice ese relato y da munición a los partidos de la oposición, que la señalan como un ejemplo de despilfarro y falta de meritocracia en el sector público catalán.
NOTA DE LA REDACCIÓN: elCatalán.es necesita su apoyo, en este contexto de grave crisis económica, para seguir con nuestra labor de defensa del constitucionalismo catalán y de la unidad de nuestro país frente al separatismo. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
