La gestión de Sílvia Orriols al frente del Ayuntamiento de Ripoll ha generado un creciente debate en los últimos meses. Desde abril hasta julio de 2025 su mandato se ha caracterizado por el enfrentamiento con la oposición, cuestionamientos legales y medidas que han polarizado a la ciudadanía. Aunque sigue al mando, su gobierno ha quedado en entredicho tanto a nivel institucional como social.
La alcaldesa perdió en enero de este año una cuestión de confianza planteada en el pleno, lo que reveló una profunda falta de apoyo político. Esta situación abrió la puerta a una posible moción de censura, aunque finalmente no fue presentada. El episodio, sin embargo, dejó claro el grado de aislamiento del actual gobierno municipal.
El presupuesto presentado por Orriols, de 15,3 millones de euros, fue rechazado por todos los grupos de la oposición. Aunque el plan incluía un refuerzo de la seguridad y mejoras en servicios básicos, los partidos lo consideraron insuficiente y carente de visión estratégica. La negativa al presupuesto motivó a la alcaldesa a plantear la cuestión de confianza como una forma de forzar su aprobación, sin éxito.
La decisión de los partidos de la oposición de no impulsar una moción de censura sorprendió a muchos. Justificaron su postura con el argumento de que una acción de este tipo sin mayoría consolidada podría fortalecer la narrativa victimista de Orriols. No obstante, la falta de una respuesta decidida ha sido interpretada por parte de la ciudadanía como una renuncia a frenar políticas que consideran divisivas.
Uno de los temas más polémicos ha sido la gestión del padrón municipal. La alcaldesa ha sido criticada por dificultar el empadronamiento de personas migrantes, especialmente aquellas que no pueden demostrar un contrato de alquiler. Esta práctica, que vulnera el derecho a servicios básicos como la sanidad y la educación, ha sido objeto de atención por parte de la Delegación del Gobierno.
En este mismo ámbito, la Fundación Ibn Battuta presentó hace unos días una denuncia por delitos de odio contra la alcaldesa, acusándola de declaraciones discriminatorias y de impedir el acceso al padrón a ciudadanos de origen árabe.
Otra medida controvertida ha sido la propuesta de prohibir el uso del velo islámico en las escuelas públicas de Ripoll, alegando motivos de seguridad. La iniciativa ha generado rechazo entre organizaciones sociales y defensores de derechos fundamentales, quienes advierten que va en contra de las libertades reconocidas por la legislación vigente.
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