La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha desatado una nueva polémica al prohibir esta semana el uso del burkini en la piscina municipal de la localidad. La medida se justifica, según el bando emitido por el Ayuntamiento, en razones de seguridad, aludiendo a que las prendas de baño que cubren gran parte del cuerpo pueden dificultar la actuación de los socorristas en caso de emergencia.
Orriols, líder de Aliança Catalana, ha aprovechado la ocasión para instar a otros municipios a adoptar medidas similares. En sus redes sociales, la alcaldesa calificó la situación como “insostenible” y defendió su decisión como una forma de preservar la convivencia y la seguridad en espacios públicos, apelando también a la “neutralidad ideológica” de estos entornos.
Desde la Generalitat, sin embargo, se ha recordado que la ley catalana de igualdad de trato y no discriminación, aprobada en 2020, garantiza el derecho a usar bañadores integrales en las piscinas públicas, incluidos los burkinis. Las autoridades autonómicas recalcan que ninguna norma permite a los consistorios limitar esa libertad, siempre que la vestimenta sea higiénica y adecuada para el baño.
No es la primera vez que Orriols promueve regulaciones que afectan directamente a la comunidad musulmana. En febrero, propuso una reforma de la ordenanza de civismo para vetar el velo islámico en escuelas y espacios públicos, una iniciativa que fue rechazada por el resto de grupos municipales, incluidos partidos como ERC, PSC, Junts y la CUP.
El debate sobre el uso del burkini ha cobrado fuerza en el escenario político catalán. Junts per Catalunya planteó recientemente en el Parlament estudiar su prohibición, junto con la de otras prendas como el burka y el nicab, en medio de una creciente disputa electoral con Aliança Catalana, que ha capitalizado parte del voto identitario en zonas del interior.
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