Pedro Sánchez ha decidido movilizar a la Armada española para enviar un barco militar con el objetivo de proteger a la flotilla que se dirige hacia Gaza y que cuenta con la participación de Ada Colau. La justificación oficial del Ejecutivo es que la misión busca garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles y de los integrantes de esta expedición civil, después de que se hayan denunciado ataques con drones y sabotajes en aguas del Mediterráneo.
Sin embargo, la medida ha generado polémica porque la flotilla no es una misión oficial del Estado, sino una iniciativa privada impulsada por activistas de extrema izquierda y organizaciones internacionales. Que el Gobierno decida poner recursos públicos, y nada menos que un buque de la Armada, al servicio de una acción no institucional plantea un debate legítimo sobre los límites del gasto público y sobre el papel que debe asumir el Estado en este tipo de situaciones. Además, algunos de los miembros de la flotilla se han tomado el viaje como unas vacaciones de ‘cubateo’ con paradas en destinos turísticos como Menorca.
El hecho de que Ada Colau se encuentre en el centro de esta polémica añade más controversia. Durante su etapa como alcaldesa de Barcelona fue especialmente crítica con las Fuerzas Armadas, llegando a cuestionar su presencia en espacios públicos y mostrando rechazo hacia su labor. Hoy, paradójicamente, es el propio Gobierno quien moviliza a militares para garantizar su seguridad en una misión que, además, no cuenta con carácter oficial. Esta contradicción no pasa desapercibida y alimenta la percepción de incoherencia política.
Enviar un buque de la Armada no es una decisión menor. Estos despliegues conllevan costes muy elevados en términos de personal, mantenimiento, combustible y logística. En un contexto de tensiones presupuestarias y con necesidades sociales crecientes, resulta difícil justificar que dinero de todos los españoles se destine a proteger una expedición que no forma parte de las obligaciones institucionales del Estado.
Además, la operación introduce un riesgo diplomático considerable. Involucrar a las Fuerzas Armadas en un conflicto tan delicado como el de Gaza podría interpretarse internacionalmente como una toma de posición política. Incluso si el Gobierno insiste en que la misión es solo defensiva, la mera presencia de un buque militar español escoltando a una flotilla de activistas puede ser percibida como una acción de confrontación, con consecuencias imprevisibles en el plano diplomático.
La decisión de Sánchez se interpreta también como un gesto político de gran carga simbólica. En plena presión por diversos frentes internos por las causas judiciales por presunta corrupción que afectan a su familia y al PSOE, el presidente aparece con una iniciativa de alto impacto mediático que busca proyectar compromiso internacional y sensibilidad humanitaria. Sin embargo, este movimiento corre el riesgo de ser visto como un uso instrumental de las Fuerzas Armadas para fines políticos, algo que debilita la imagen de neutralidad y profesionalidad de una institución clave del Estado.
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