La asfixia que sufre la Guardia Civil en Cataluña no es fruto de la negligencia, sino de un cálculo político frío y servil por parte de Pedro Sánchez. El mensaje enviado al ‘separatismo’ es nítido: el Gobierno está dispuesto a socavar las instituciones del Estado a cambio de un puñado de votos para mantenerse en el poder. Bajo el mandato de Grande-Marlaska, la Benemérita sobrevive en una suerte de «economía de guerra» mientras el PSOE utiliza la seguridad nacional como moneda de cambio en sus despachos.
Resulta humillante comparar el trato que reciben los Mossos d’Esquadra frente a la precariedad de los guardias civiles. Mientras la policía autonómica amplía plantillas y renueva equipamiento con el beneplácito del PSC, nuestros agentes trabajan con vehículos envejecidos y material obsoleto en condiciones indignas para una democracia. Para este Gobierno, la Guardia Civil en Cataluña es un elemento «incómodo» que debe ser invisibilizado para no importunar a los socios de la investidura.
Esta estrategia de abandono ha convertido a Cataluña en un destino poco atractivo, donde el alto coste de la vida y la falta de incentivos provocan una sangría de talento y experiencia. El reconocimiento institucional es inexistente, lo que dificulta cubrir las plazas y desincentiva las vocaciones en esta comunidad autónoma. Es un plan perfectamente trazado para que el Estado se empequeñezca en el territorio, dejando vía libre a las aspiraciones de quienes buscan la ruptura.
En definitiva, cada patrulla que se suprime y cada cuartel que languidece es una victoria para la ‘república de facto’ que anhela el secesionismo. El repliegue de la Guardia Civil supone dejar desprotegidos a los ciudadanos que creen en la ley y la unidad de España. Sánchez ha decidido que la supervivencia de su sillón vale mucho más que la presencia del Estado en Cataluña, aunque ello suponga desmantelar pieza a pieza el prestigio de una institución centenaria.
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