El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que dinamita la línea de flotación del sanchismo y exige consecuencias inmediatas. Los 24 años de cárcel impuestos al exministro José Luis Ábalos y los 19 a su asesor Koldo García confirman la existencia de una trama criminal en el corazón del Gobierno. No estamos ante un caso aislado ni ante las andanzas de un subordinado infiel, sino ante una corrupción sistémica instalada en el núcleo duro del PSOE. Pedro Sánchez, como máximo responsable político de haber aupado y protegido a los cabecillas de esta red, debe dimitir de forma irrevocable.
La resolución judicial describe un escenario nauseabundo en el que se instrumentalizaron las instituciones en el peor momento de la pandemia. Mientras los ciudadanos permanecían confinados y desprotegidos, la mano derecha del presidente operaba una organización delictiva para lucrarse con la compra de material sanitario. La gravedad institucional de que un ministro y secretario de organización del partido del Gobierno lidere semejante trama no tiene precedentes en nuestra democracia reciente. La responsabilidad de su nombramiento y de la posterior opacidad institucional recae de manera directa y exclusiva sobre la figura del jefe del Ejecutivo.
La estrategia de Moncloa de levantar cortafuegos y fingir ignorancia ha quedado completamente desmantelada por el Alto Tribunal. Sánchez pretendió zanjar la crisis con el cese camuflado de Ábalos en su día, intentando desvincularse de un escándalo que salpicaba su propia mesa de consejo de ministros. La realidad judicial demuestra que el presidente colocó las llaves del Estado y de la fontanería socialista a los mandos de una red criminal. Mantenerse en el cargo tras un varapalo judicial de este calibre es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y una degradación inadmisible de la dignidad de la Presidencia.
El fallo judicial incide además en el daño irreparable que estas prácticas causan a la confianza de la sociedad en sus instituciones legítimas. El Supremo advierte que la corrupción en la cúspide del poder del Estado liquida el contrato social y erosiona los cimientos democráticos de la nación. Un Ejecutivo acosado por la podredumbre interna carece de la autoridad moral necesaria para legislar, gobernar y exigir sacrificios a los españoles. La permanencia de Sánchez en el palacio de la Moncloa solo contribuye a ahondar en esa preocupante pérdida de legitimidad institucional que describe la propia sentencia.
La izquierda española llegó al poder en el año 2018 enarbolando una supuesta bandera de regeneración democrática y ejemplaridad pública. Aquella moción de censura fundamentada en la pureza argumental ha envejecido de la peor manera posible a tenor de las demoledoras conclusiones de la Sala de lo Penal. El sanchismo se ha revelado como un proyecto político basado en la resistencia a ultranza y desprovisto de cualquier atisbo de ética institucional. Los mismos que daban lecciones de moralidad han acabado amparando la peor versión de la corrupción política en despachos ministeriales.
España no puede permitirse un presidente atrincherado que priorice su supervivencia personal al prestigio de las instituciones del Estado. La única salida digna y democrática ante una condena de esta magnitud es la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y la devolución de la palabra a los españoles en las urnas. Pretender ignorar el dictamen unánime de los magistrados e intentar estirar la legislatura en este escenario de descomposición es insostenible. El tiempo de las excusas y los relatos de distracción ha terminado, dando paso a una inapelable exigencia de asunción de responsabilidades al más alto nivel.
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