La decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez marca un punto de inflexión en la salud democrática de nuestro país. La esposa del presidente del Gobierno se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por presuntos delitos que erosionan la confianza en las instituciones. Frente a la campaña de acoso al poder judicial orquestada desde la Moncloa, la justicia demuestra que funciona con independencia de los apellidos. No existen ciudadanos de primera ni zonas de impunidad en nuestro Estado de derecho.
El magistrado no solo ha decretado la apertura de la vista oral, sino que ha impuesto medidas cautelares contundentes. La retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado son decisiones plenamente justificadas. El riesgo de que una investigada con tantas conexiones internacionales pueda sustraerse de la acción judicial es real. Estas restricciones garantizan que el proceso avance sin contratiempos ni espantadas de última hora.
Desde los sectores de la izquierda radical y el sanchismo se ha activado ya la habitual maquinaria de victimización. Califican de desproporcionadas unas medidas que a cualquier otro ciudadano común le parecerían lógicas ante acusaciones de tal gravedad. Intentar camuflar bajo el paraguas del debate político lo que es una investigación judicial por corrupción en los negocios es una irresponsabilidad. La condición de consorte presidencial no puede usarse como un escudo de inmunidad diplomática.
La gravedad de las conductas bajo sospecha exige una máxima pulcritud en el procedimiento. Hablamos de presunto tráfico de influencias, apropiación indebida y corrupción que afectan directamente al entorno más cercano del líder del Ejecutivo. Que la mujer de Pedro Sánchez deba firmar en sede judicial cada dos semanas no es un castigo preventivo. Es la constatación de que la ley es igual para todos y de que el Palacio de la Moncloa no está por encima de los tribunales de la nación.
La estrategia del PSOE de deslegitimar al juez Peinado busca desviar la atención de lo verdaderamente importante. La opinión pública asiste atónita a un espectáculo donde el Gobierno utiliza todos sus resortes mediáticos para atacar a los instructores. En lugar de ofrecer explicaciones claras y transparentes sobre las cátedras y los contratos bajo sospecha, la izquierda prefiere levantar muros y señalar a los servidores públicos. Afortunadamente, los magistrados resisten la presión con entereza.
El banquillo de los acusados espera a Begoña Gómez con todas las garantías procesales que ofrece nuestra legislación. Retirarle la documentación de viaje e imponerle visitas quincenales al juzgado dignifica a nuestra judicatura. El sanchismo deberá entender, por las malas, que el poder político tiene límites infranqueables y que el código penal no entiende de conveniencias partidistas. España sigue siendo un país libre donde la justicia, aunque a veces sea lenta, termina poniendo a cada uno en su sitio.
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