El cerco judicial sobre la Moncloa entra en su fase más crítica. El juez Juan Carlos Peinado ha dictado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, un movimiento que la sitúa definitivamente en el banquillo de los acusados. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que responder ante un tribunal por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Se trata de un severo correctivo para el relato de normalidad que el Ejecutivo ha intentado imponer desde el inicio de las pesquisas.
La contundencia del auto judicial no se limita a la celebración de la vista oral. El instructor ha impuesto a Gómez medidas cautelares de especial relevancia: la retirada inmediata del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de personarse en el juzgado de forma quincenal. Este escenario contrasta drásticamente con la posición mantenida por el magistrado a finales de 2024, cuando rechazó restringir sus movimientos para viajar a la cumbre del G-20 en Brasil por considerarlo desproporcionado. El avance de la investigación y la solidez de los indicios explican este drástico giro de criterio.
La resolución llega tras la vista preliminar de esta semana, donde las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír y secundadas por Vox, volvieron a exigir la restricción de movimientos de la investigada. La Fiscalía y la defensa no han logrado frenar un procedimiento que examina, fundamentalmente, dos líneas de actuación dudosas. Por una parte, el presunto uso de la influencia presidencial para catapultar la carrera profesional de Gómez; por otra, la utilización de recursos públicos de la Moncloa, incluido el personal de asesoría, en beneficio de proyectos estrictamente privados.
Con este dictamen, el juzgado de instrucción da por finalizada la fase de investigación de la pieza principal y traslada la pelota al tejado del tribunal enjuiciador. Corresponderá a los nuevos magistrados dirimir si la extensa red de indicios acumulados se traduce en una condena penal efectiva. El Ejecutivo central asiste así a la validación judicial de una causa que siempre tachó de persecución política, un argumento que hoy pierde toda su fuerza ante la gravedad de la imputación por malversación.
Es importante subrayar que la apertura de juicio oral no equivale a una sentencia condenatoria anticipada contra la esposa de Sánchez. Este paso procesal determina, de manera objetiva, que la sospecha inicial se ha convertido en un indicio racional y suficiente para activar la maquinaria de la justicia. En los próximos meses, las acusaciones y la defensa medirán sus fuerzas en una vista pública que pondrá a prueba la resistencia ética y política de la presidencia del Gobierno.
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