La paciencia de la sociedad civil española ante los desmanes del Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a su límite, y ahora la batalla se traslada definitivamente de las calles de nuestro país a los despachos de las más altas instituciones europeas. A través de una carta Amalio de Marichalar, actuando como coordinador de la plataforma «De español a español por la Constitución» y en representación de más de una treintena de asociaciones cívicas, ha exigido a los líderes de la Unión Europea una respuesta clara y sin ambages ante el severo deterioro democrático que padece España. La misiva, remitida directamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la del Parlamento, Roberta Metsola, y al del Consejo, António Costa, denuncia el silencio institucional ante una situación que consideran del todo insostenible para una democracia occidental.
El texto remitido a las autoridades comunitarias no escatima en dureza a la hora de retratar la realidad política de nuestro país, calificando de «espectáculo dantesco» la gestión de un jefe del Ejecutivo acorralado por los escándalos. Desde el constitucionalismo se acusa directamente a Sánchez de encabezar una degradación sin precedentes del Estado de derecho y de arrastrar el buen nombre y la credibilidad de Europa con unos niveles de corrupción inaceptables. La crítica se extiende además al plano ético, censurando lo que consideran una absoluta indecencia política al instrumentalizar citas institucionales y forzar pactos espurios en su propio beneficio personal para mantener el poder a cualquier precio.
Las recientes marchas por la dignidad celebradas en ciudades como Granada y Santander son solo el último reflejo de una campaña de protesta permanente que comenzó a principios de año en Cádiz. Este compromiso de la ciudadanía, que incluye concentraciones diarias en Madrid desde hace más de dos años, busca forzar la convocatoria inmediata de elecciones generales y evidenciar de cara al exterior que los españoles no son cómplices de la deriva de su gobernante.
La presión sobre la Moncloa se ha intensificado notablemente durante las últimas semanas debido al cerco judicial que afecta de lleno al entorno más íntimo del presidente del Gobierno. En la carta se recuerda a los mandatarios europeos que tanto el hermano como la esposa de Pedro Sánchez se encuentran señalados por los tribunales, sumando además la comparecencia de figuras clave del socialismo como el expresidente Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional. Para el constitucionalismo, resulta intolerable que se utilicen presuntamente los resortes del Estado para organizar maniobras de distracción y de protección con el único objetivo de eximir al entorno gubernamental y de partido de sus graves responsabilidades penales.
El otro gran frente de preocupación que la sociedad civil traslada a Europa gira en torno a la inminente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, prevista para las próximas semanas. Marichalar denuncia de forma explícita las presiones ejercidas desde el Ejecutivo central hacia el tribunal comunitario con la pretensión de obtener un aval judicial a una medida de gracia hecha a la medida de los infractores. Desde los sectores moderados se reitera que esta norma no es más que una autoamnistía de manual, un intercambio estrictamente transaccional donde se perdona a unos golpistas prófugos de la justicia a cambio de los siete votos necesarios para comprar la investidura.
Ante este escenario de quiebra institucional, las asociaciones firmantes reprochan con amargura a la Comisión Europea y al Parlamento su persistente falta de contestación tras numerosas cartas enviadas de manera formal. Los ciudadanos españoles recuerdan a las autoridades de Bruselas que su pasividad y el «mirar hacia otro lado» ponen en riesgo la plena credibilidad de las propias instituciones europeas, cuyo deber fundamental es velar por el cumplimiento estricto del *rule of law*. La misiva concluye con una advertencia severa: Europa no puede permitirse mantener como interlocutor a un dirigente que ataca a diario la independencia judicial.
La movilización cívica ha demostrado que la sociedad española está dispuesta a dar la batalla frontal por la decencia democrática y el respeto a la separación de poderes, independientemente de ideologías. Sin embargo, el constitucionalismo subraya que el esfuerzo de los ciudadanos en las calles exige una correspondencia obligatoria por parte de quienes lideran el proyecto europeo. Ya no caben más excusas diplomáticas ni perfiles bajos; la gravedad de la crisis institucional en España requiere que Bruselas rompa su silencio de inmediato y denuncie de forma pública y formal un desafío que amenaza los cimientos democráticos de la Unión.
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