El horizonte procesal de la Moncloa se ha despejado de la peor manera posible para sus inquilinos. El juez Juan Carlos Peinado ha dictado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos. La gravedad de la situación penal ha llevado al instructor a imponer medidas cautelares severas de forma inmediata.
La esposa del presidente del Gobierno se ha quedado sin pasaporte y tendrá que comparecer quincenalmente en el juzgado. Estas restricciones buscan garantizar que la acusada no eluda la acción de la justicia en la fase decisiva del proceso. La decisión judicial desmonta la estrategia socialista de normalizar un escándalo que ya se sienta en el banquillo.
El aspecto más polémico del auto radica en los motivos del magistrado para retirar la documentación de viaje. Peinado rechaza el argumento de la defensa, que utilizaba la escolta oficial de Gómez como una supuesta garantía de arraigo y control. El juez le da la vuelta a esa tesis y enciende todas las alarmas en el seno del Ejecutivo.
El instructor advierte por escrito que los propios agentes de seguridad del Estado podrían facilitar una hipotética huida de la investigada. Según el texto, estos funcionarios podrían colaborar en una evasión bien por iniciativa propia o cumpliendo órdenes de sus superiores. Esta afirmación ha desatado una ola de indignación en los sindicatos policiales Jupol y SUP.
Sin embargo, la suspicacia del juez Peinado no es un ejercicio de paranoia, sino una consecuencia lógica de la historia reciente de nuestro país. El recelo hacia el uso partidista de las fuerzas de seguridad cuenta con antecedentes muy claros en la España de los últimos años. La desconfianza judicial está plenamente justificada cuando se analiza el comportamiento de los socios preferentes del Gobierno.
Los aliados separatistas de Pedro Sánchez ya demostraron en Cataluña cómo se pueden instrumentalizar las instituciones policiales en beneficio propio. La cúpula política de los Mossos d’Esquadra fue diseñada durante años para proteger los intereses del independentismo por encima de la legalidad constitucional. Aquella quiebra de la neutralidad institucional sentó un peligroso precedente que la justicia no puede ignorar.
La impunidad con la que el separatismo manejó la policía autonómica catalana facilitó las dos sonadas fugas de España de Carles Puigdemont. Los mandos políticos de la policía autonómica cruzaron de brazos mientras el líder del golpe de 2017 y 2024 burlaba a la justicia. Ese historial de pasividad demuestra que los recursos públicos pueden desviarse si el poder político prioriza su supervivencia.
El auto judicial lanza además una advertencia cargada de realismo sobre la naturaleza del poder que hoy ampara a la investigada. Peinado recuerda de forma explícita que la condición de presidente del Gobierno de Pedro Sánchez es un hecho estrictamente efímero y transitorio. Por lo tanto, el blindaje institucional y la protección oficial de los que hoy goza Gómez tienen fecha de caducidad.
La advertencia del magistrado incide en la vulnerabilidad de la acusada una vez que se agote el actual ciclo político en la Moncloa. Sin la infraestructura gubernamental que la rodea, el riesgo de eludir los tribunales se incrementaría de manera notable según el criterio judicial. El recordatorio de que el poder es pasajero funciona como un límite legal frente a los intentos de usar el Estado como escudo
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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