El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado un carpetazo definitivo a las pretensiones del nacionalismo catalán en el conflicto artístico de Sijena. La corte de Estrasburgo ha decidido no admitir a trámite la demanda interpuesta por Acció Cassandra, una entidad de juristas afines al separatismo que se autodefine como la defensora de la «minoría nacional catalana». El varapalo judicial es total, ya que la justicia europea ni siquiera ha aceptado estudiar el fondo del asunto, inadmitiendo el recurso de forma fulminante.
La ofensiva legal, impulsada el pasado mes de febrero en nombre de dos particulares, buscaba desesperadamente una medida cautelar de urgencia. El objetivo real de este colectivo era paralizar por motivos políticos el traslado de las pinturas murales románicas desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) hacia el Monasterio de Vilanova de Sijena, en Aragón. Una maniobra que pretendía retorcer los derechos culturales para justificar el desacato a las sentencias previas de los tribunales españoles.
Sin embargo, la magistratura europea ha esquivado el debate identitario que pretendía imponer la entidad independentista. Según confirmaron fuentes institucionales el pasado dos de abril al diario ‘ElMón’, la demanda no ha superado el primer cribado procesal por falta de legitimidad. Estrasburgo recuerda implícitamente que los particulares no pueden suplantar la voz de las instituciones, dejando en evidencia una estrategia jurídica tan ruidosa como carente de rigor técnico.
Este fracaso desmonta la hoja de ruta de Acció Cassandra, que desde el primer minuto diseñó el proceso penal en España como un mero trámite para victimizarse internacionalmente. El independentismo vuelve a chocar contra la realidad del Estado de Derecho europeo, que no ampara sus tesis de exclusividad cultural. Tras este revés, los promotores de la demanda ya buscan desviar la atención y anuncian que recurrirán a la «vía Unesco», intentando instrumentalizar ahora los organismos globales.
El fallo del TEDH demuestra que el sectarismo político no puede imponerse sobre el patrimonio histórico español ni sobre las decisiones judiciales internas. Mientras la izquierda y el nacionalismo insisten en utilizar la cultura como un arma de confrontación territorial, Europa vuelve a avalar la legalidad constitucional de España. El regreso de los bienes a Aragón sigue adelante, confirmando que las leyes y el patrimonio común están por encima de las ficciones identitarias de unos pocos.
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