La situación de la lengua en la educación catalana es el ejemplo perfecto del sectarismo lingüístico que asfixia a nuestra sociedad. Durante años, las entidades que defienden a los castellanoparlantes han luchado contra unos abusos que el nacionalismo perpetúa con total impunidad. Lo más grave es que, aunque existen jueces valientes que dictan sentencia, muchos otros prefieren ponerse de perfil para evitar el choque directo con administraciones como la Generalitat.
Esta falta de firmeza judicial no es un caso aislado, como demuestra el escándalo de las obras de arte de Sijena. A pesar de existir una resolución firme que obliga a su devolución a Aragón, el gobierno autonómico sigue dando largas con excusas técnicas. Parece que Salvador Illa confía en que un cambio político o un evento improbable le permitan mantener los frescos en Barcelona indefinidamente.
La sensación de que en esta tierra solo deben cumplir las normas los que no son nacionalistas es ya asfixiante. Gracias a los indultos y a las amnistías de Sánchez, se ha instalado la idea de que la ley es un chicle que se moldea al gusto del secesionismo. Mientras tanto, los catalanes que nos sentimos españoles nos vemos tratados como seres inferiores por las propias instituciones.
Resulta una afrenta para cualquier nación seria que un intento de golpe de Estado termine con los responsables recibiendo todo tipo de honores. Esta impunidad genera una indignación profunda en los españoles que todavía creen en la igualdad ante la ley. Es inaceptable que los delitos de la casta política se borren por pura conveniencia parlamentaria en Madrid.
Sin la ejecución real de las sentencias, el papel de los jueces queda reducido a una mera sugerencia que el poder político ignora. Resulta irónico que quienes más hablan de democracia sean los primeros en desobedecer sistemáticamente los mandatos judiciales. Esta doble vara de medir ha fracturado la convivencia y ha dejado a la mitad de la población desprotegida frente a los abusos del poder.
El nacionalismo ha construido un sistema donde sus líderes nunca pagan por sus errores ni por sus delitos. El actual Gobierno central es cómplice necesario de esta degradación institucional que sufrimos a diario. Al perdonar las deudas y los delitos a cambio de permanecer en la Moncloa, Sánchez ha validado la superioridad moral que reclama el nacionalismo.
La regeneración de nuestra comunidad pasa inevitablemente por aplicar la ley con la misma vara para todos, sin excepciones por ideología. La resistencia de la Generalitat a devolver lo que no es suyo es el síntoma de una enfermedad política mucho más profunda.Es hora de que el Estado recupere su autoridad y ponga fin a esta etapa de impunidad y privilegios para unos pocos.
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