Nueva cesión de Pedro Sánchez al separatismo catalán, en esta ocasión para aprobar en el Congreso con los votos de Junts el decreto ‘anticrisis’ y el que garantizaba 10.000 millones de fondos europeos. Entre las peticiones arrancadas por los de Puigdemont está la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución, a través de una ley orgánica específica para Cataluña.
La delegación de esta competencia irá acompañada, según han acordado PSOE y Junts, de los recursos necesarios y permitirá al gobierno autonómico catalán hacer una política integral, para que el Govern y el Parlament dicten una política propia al gusto del separatismo.
Junts se ha limitado a no votar en el pleno tras el acuerdo con el PSOE. Otras cesiones son la publicación inmediata de las balanzas fiscales y la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que a parecer de JxCat ponía «en peligro» la amnistía. Pero los efectos reales de este último acuerdo son inexistentes, porque la legislación y la jurisprudencia comunitaria ya permite a cualquier juez español recurrir a una cuestión prejudicial ante el TJUE de manera que con la admisión a trámite se suspendería la aplicación de la Ley de Amnistía.
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