Salvador Illa inicia el año vendiendo que es un buen gesto de los asuntos públicos, lema publicitario que es seriamente cuestionado por la realidad parlamentaria. A pesar de su intento de proyectar estabilidad, el president se adentra en 2026 sin unos presupuestos aprobados. Su supervivencia política depende ahora de las exigencias de ERC y los Comunes, que ven en las cuentas públicas su última oportunidad para imponer su agenda ideológica.
La debilidad de Illa no solo reside en el Parlament, sino que está profundamente ligada al destino de Pedro Sánchez. Los escándalos de corrupción y los casos de acoso sexual que asedian a la Moncloa proyectan una sombra alargada sobre la Generalitat. Si el sanchismo cae en Madrid, el castillo de naipes sobre el que se asienta el gobierno del PSC podría desmoronarse de inmediato.
La gran moneda de cambio para este inicio de año será la polémica financiación «singular». Se espera que el Ministerio de Hacienda presente una propuesta que intente cuadrar el círculo: contentar al separatismo sin quebrar el sistema común. Sin embargo, resulta evidente que Illa es un actor secundario en una negociación que se cocina entre María Jesús Montero y Esquerra Republicana. Cualquier acuerdo deberá pasar por el filtro de una ERC que necesita anotarse tantos ante su electorado para frenar su propia sangría interna.
En el otro lado de la balanza aparecen los Comunes, expertos en el chantaje institucional a través de la vivienda. Los de Jéssica Albiach no se conforman con la retórica del PSC y exigen una ofensiva directa contra la propiedad privada. Reclaman sanciones contundentes contra los propietarios, convirtiendo la gestión de la vivienda en una caza de brujas para satisfacer sus dogmas.
La reciente aprobación de la regulación de los alquileres de temporada en el Parlament es solo un aviso de lo que está por venir. Illa ha cedido ante las tesis más radicales de la izquierda para mantener el sillón, alejándose de la moderación que prometió en campaña. La seguridad jurídica en Cataluña vuelve a estar en entredicho por las exigencias de sus socios de investidura.
El año 2026 se presenta así como el gran examen a la resistencia del PSC frente a la deriva de sus aliados. La parálisis legislativa es un riesgo real si ERC decide elevar el tono de sus exigencias fiscales. El Govern de Illa corre el riesgo de convertirse, simplemente, en el gobierno de las concesiones permanentes al nacionalismo y la extrema izquierda.
La falta de una mayoría sólida obliga a Illa a gobernar a base de parches y promesas de difícil cumplimiento. No se puede hablar de estabilidad cuando cada votación presupuestaria se convierte en un mercadeo de competencias y privilegios. La gestión pública queda relegada a un segundo plano ante la necesidad imperiosa de mantener viva la coalición de intereses que lo sustenta.
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