El independentismo catalán ha encontrado un nuevo compañero de viaje en la escena internacional: el totalitarismo venezolano. Esquerra Republicana (ERC) ha emitido un comunicado en el que condena con dureza la detención de Nicolás Maduro, calificándola de «vulneración flagrante» del derecho internacional. Mientras el mundo democrático observa el fin de una tiranía, los republicanos prefieren proteger las estructuras del chavismo bajo el paraguas de la soberanía.
La postura de ERC no es casual ni aislada, sino que responde a una estrategia de fondo. Su líder, Oriol Junqueras, formalizó recientemente su entrada en el Grupo de Puebla, el foro que aglutina a la izquierda radical iberoamericana. Al unirse a figuras como Zapatero o Irene Montero, Junqueras vincula el destino de su partido a una red que ha servido sistemáticamente para blanquear los desmanes de Maduro. Y ha dicho que la intervención norteamericana es una «agresión imperialista».
En su escrito, la formación independentista ignora deliberadamente las acusaciones de narcoterrorismo que pesan sobre el mandatario capturado. Para ERC, la operación de Estados Unidos es una «abducción ilegal» y una amenaza para la paz mundial. Resulta paradójico que quienes dicen defender la democracia en Cataluña se conviertan en los abogados defensores de un régimen que ha provocado el mayor éxodo humano de la historia reciente de América.
El comunicado exige una «desescalada inmediata», el mismo lenguaje vacío que utiliza Pedro Sánchez desde la Moncloa. Al pedir «diálogo entre las partes», ERC equipara a un dictador imputado por tráfico de drogas con las instituciones de justicia internacionales. Esta equidistancia moral es el peaje que el independentismo está dispuesto a pagar por su integración en los círculos del socialismo populista internacional.
La influencia del Grupo de Puebla en la política española es cada vez más evidente y preocupante. Este lobby no busca la libertad de los pueblos, sino la supervivencia de un bloque ideológico que desprecia el Estado de Derecho. Que un partido que sostiene al Gobierno de España se alinee con estas tesis debería encender todas las alarmas en Bruselas y en las cancillerías europeas.
ERC reclama que «solo el pueblo venezolano decida su futuro», ignorando que ese mismo pueblo ha sido amordazado y perseguido durante años. La retórica sobre la «autodeterminación de los pueblos» se utiliza aquí como un escudo para evitar que Maduro rinda cuentas ante la justicia. Es la misma táctica que el separatismo emplea a nivel interno: retorcer conceptos democráticos para justificar ilegalidades.
Mientras las cárceles venezolanas se llenan de presos políticos, Junqueras y sus socios se preocupan por la seguridad de quienes dieron las órdenes. La ceguera ideológica de ERC les impide ver que la justicia no es una «agresión», sino un derecho de las víctimas.
Al abrazar el discurso de la «soberanía» frente a la acción judicial de EE. UU., ERC se sitúa en los márgenes del orden occidental. No es extraño que busquen refugio en foros donde la corrupción y el autoritarismo se disfrazan de justicia social.
La Unión Europea, a la que ERC apela para que lidere una «vía diplomática», debería ser más firme ante estos intentos de protección a dictadores. No se puede defender la paz premiando la impunidad de un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad. La diplomacia no puede ser un salvoconducto para que los tiranos eludan sus responsabilidades penales en tribunales internacionales.
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