En 2025, Plataforma per la Llengua continúa figurando entre las entidades más beneficiadas por subvenciones públicas procedentes de distintas administraciones, especialmente de la Generalitat de Cataluña y de entes locales, según varias fuentes consultadas por este medio. Aunque la cantidad exacta no se conoce, dado que desde 2022 esta entidad no actualiza en su ‘portal de transparencia’ el dinero público que recibe. Ese año recibió 816.000 euros.
Las subvenciones se enmarcan en el despliegue de políticas lingüísticas impulsadas por el Govern, como el Pacte Nacional per la Llengua, dotado con cientos de millones de euros. En este contexto, Plataforma per la Llengua actúa como uno de los actores más visibles y beligerantes, lo que lleva a numerosos críticos a cuestionar si el dinero público se está utilizando para fomentar la convivencia lingüística o, por el contrario, para financiar una agenda claramente alineada con el nacionalismo lingüístico más excluyente.
Una de las principales críticas hacia la entidad es su tono abiertamente hostil hacia el castellano, lengua mayoritaria en el uso social en Cataluña. Diversos comunicados, campañas y estudios promovidos por la asociación presentan el español como una amenaza o un instrumento de imposición, alimentando una narrativa que muchos califican de hispanófoba y que ignora la realidad sociolingüística de millones de catalanes bilingües.
Esta visión se traduce en un objetivo que sus detractores consideran evidente: reducir al máximo la presencia social del castellano. No se trataría únicamente de promover el catalán, sino de desplazar activamente el español del espacio público, del ámbito laboral y de la vida cotidiana, algo que genera rechazo entre quienes defienden una convivencia equilibrada entre ambas lenguas oficiales.
Entre las acciones más polémicas de Plataforma per la Llengua destaca la realización de estudios sobre el idioma utilizado por los niños en los patios escolares, llevados a cabo sin solicitar el consentimiento previo de las familias. Estas prácticas fueron percibidas por muchos padres como una forma de vigilancia o espionaje lingüístico, y reavivaron el debate sobre los límites éticos de la intervención de asociaciones ideológicas en el ámbito educativo.
Aunque la entidad ha defendido estos estudios como simples análisis sociolingüísticos y ha contado con respaldo legal en algunos casos, la controversia persiste. Para sus críticos, el problema no es solo jurídico, sino moral y político: el hecho de que una organización financiada con fondos públicos observe y registre el comportamiento lingüístico de menores resulta profundamente inquietante.
A ello se suman campañas de presión sobre comercios y trabajadores para que se expresen exclusivamente en catalán, denunciadas por distintos colectivos como prácticas de señalamiento y acoso. Estas iniciativas refuerzan la imagen de una organización más centrada en imponer conductas que en fomentar el respeto y la libertad de elección lingüística.
Así, las subvenciones públicas que Plataforma per la Llengua ha recibido en 2025 no solo alimentan su estructura y sus campañas, sino también una creciente polémica social. Para muchos ciudadanos, el debate ya no es si debe protegerse el catalán, sino si es legítimo que el dinero de todos financie a una entidad percibida como divisiva y contraria a la pluralidad lingüística real de Cataluña.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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