El nacionalismo más excluyente ha encontrado una nueva causa para alimentar su espiral de agravios. Plataforma per la Llengua, la organización que se dedica a denunciar a dependientes que atienden en español y no en catalán, denuncia ahora un supuesto boicot en los registros civiles de -Cataluña.
Según esta entidad, existe un patrón para vulnerar los derechos de quienes desean catalanizar sus nombres o apellidos. La polémica actual se centra en una familia de Barcelona que inscribió a su hijo en abril de 2025. Los padres pretendían que el menor llevara el apellido ‘Garcia’, sin tilde, siguiendo la grafía en catalán.
Sin embargo, el Registro Civil emitió la certificación con la forma ‘García’, la ortografía correcta en castellano. Para los comisarios lingüísticos, este error administrativo es un acto de «pura catalanofobia». No contemplan la posibilidad de un fallo humano en la gestión burocrática de una ciudad saturada.
Prefieren judicializar el caso y hablar de una «misión imposible» para los ciudadanos que quieren acogerse al decreto de 1998. Plataforma per la Llengua afirma haber recibido casi medio centenar de quejas en los registros de Cataluña. De estas, 19 estarían relacionadas con la catalanización de nombres.
La radicalidad de esta asociación no tiene límites al señalar a los funcionarios públicos. Exigen a las administraciones que actúen contra la supuesta «impunidad» y «actuaciones arbitrarias» en los registros.
Piden a las familias que denuncien cualquier «traba» para que estos casos no queden impunes. Consideran que lo detectado es solo la punta del iceberg de una represión lingüística imaginaria. El PSC y el Gobierno de Sánchez asisten mudos a este nuevo ataque a las instituciones.
Al permitir que estas entidades radicales marquen la agenda, el socialismo se convierte en cómplice de la fractura social. La obsesión por la forma ortográfica oculta los verdaderos problemas de gestión que sufre la sanidad o la educación.
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