#EnElNombreDeÁbalos | He solicitado a la Mesa del Congreso que reconsidere la decisión que acordó el pasado 10 diciembre sobre la suspensión de mis derechos y deberes como diputado electo en base al “Auto de prisión provisional” decretado el 27 de noviembre, por el que presenté… https://t.co/H0fBcixZbv pic.twitter.com/VM3vEUAmVd
— EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) January 6, 2026
José Luis Ábalos, antaño mano derecha de Pedro Sánchez, no se resigna a perder sus privilegios económicos pese a su situación judicial. Desde la prisión provisional de Soto del Real, el exministro de Transportes ha movido ficha contra la Mesa del Congreso. Ha solicitado formalmente que se reconsidere la suspensión de sus derechos y haberes parlamentarios acordada el pasado diciembre.
El todavía diputado por Valencia considera que la decisión de retirarle el sueldo es «indebida». En un escrito remitido al órgano que preside la socialista Francina Armengol, Ábalos defiende que la medida fue precipitada. El exsecretario de Organización del PSOE se aferra a un recurso de apelación presentado ante el Tribunal Supremo que, según recuerda, todavía está pendiente de resolución.
La situación resulta paradójica y pone en un aprieto institucional a la Cámara Baja. Ábalos mantiene su acta de diputado, pero tiene suspendidas sus funciones y su retribución desde el 10 de diciembre. Para el investigado, esta resolución vulnera principios democráticos básicos y el Estado de Derecho, señalando una supuesta falta de respeto a los procedimientos legales.
En su argumentación, el exministro llega a hablar de una vulneración de la separación de poderes. Resulta llamativo que quien fuera el máximo responsable del aparato socialista denuncie ahora un trato desigual por parte de sus propios compañeros de filas. La Mesa, donde el PSOE y Sumar mantienen la mayoría, ejecutó la suspensión tras el auto de prisión del 27 de noviembre.
Los delitos que pesan sobre Ábalos son de una gravedad extrema para un representante público. Se le acusa de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho. A pesar de la contundencia del procesamiento, el exministro insiste en que la Mesa ha actuado de forma «arriesgada» al no esperar a que la justicia se pronuncie de forma definitiva.
Este nuevo movimiento de Ábalos es un recordatorio incómodo de las sombras que cercan a la actual legislatura. Mientras la izquierda intenta pasar página del «caso Koldo», el principal implicado se resiste a soltar el cordón umbilical que le une a la nómina pública. Su estancia en Soto del Real no parece haber mermado su voluntad de litigar contra la institución que un día dominó.
La Mesa del Congreso deberá ahora decidir si da marcha atrás o mantiene el castigo financiero al parlamentario. Hasta ahora, la estrategia del bloque progresista ha sido marcar distancias con el que fuera su referente organizativo. Sin embargo, la reclamación de Ábalos introduce una presión jurídica que pone a prueba la coherencia de Francina Armengol.
El mensaje enviado por el exministro en redes sociales deja claro que no piensa abandonar el acta voluntariamente. Al conservar el escaño, Ábalos sigue siendo una pieza incómoda en el tablero político español. Su insistencia en recuperar el sueldo mientras es investigado por saquear presuntamente las arcas públicas resulta, cuando menos, cuestionable para la opinión pública.
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