El PSC comenzó hace unos años un giro hacia el separatismo con el objetivo declarado de convertirse en una pieza fundamental del sistema político catalán tras el ostracismo que vivieron durante los años de plomo del ‘procés’, cuando estuvieron a disgusto en la trinchera constitucionalista junto a Ciudadanos y PP.
Los socialistas catalanes, encabezados por Salvador Illa, querían romper la política de bloques – independentistas y ‘unionistas’ – no para «pasar página» sino para poder pactar con Junts, ERC y la CUP en todo el territorio catalán y sumar nuevas cuotas de poder municipal, provincial y autonómico.
Los frutos de este giro han sido muy rentables: Illa es el presidente de la Generalitat, gobiernan en tres de las cuatro diputaciones catalanas con partidos separatistas, pactaron la dirección de TV3 y Catalunya Ràdio con Junts y ERC y han pactado en más ayuntamientos con Junts y ERC que estos dos partidos secesionistas entre ellos.
Para consolidar este giro separatista Salvador Illa colocó en puestos claves del PSC a dirigentes nacionalistas, como Alicia Romero, que es la actual consejera de Economía o Núria Parlón, la consejera de Interior, que en su etapa como alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet se opuso a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Como Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, apoyó a Mariano Rajoy en el Senado para que se aprobara, Parlón dimitió como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Por eso no extraña que Illa haya llenado su gobierno de ex miembros de Junts, como el consejero de Empresa, Miquel Sàmper, y de personajes cercanos a Esquerra Republicana, como el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila o la de Cultura, Sonia Hernández. El PSC quiere ser el ‘pal de paller’, el eje nacionalista de la política catalana, tal y cómo lo fue Jordi Pujol.
Y por eso el PSC continúa con la política lingüística de ERC y Junts, apretando a los docentes para que en las escuelas se hable catalán hasta en los pasillos y los comedores, y subvencionando generosamente a las entidades de delación lingüística, como Plataforma por la Llengua.
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