Las cloacas del poder político suelen agitarse cuando la justicia se acerca demasiado a sus despachos. El coronel retirado de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha puesto voz a una realidad incómoda pero evidente durante su intervención en los cursos de verano de El Escorial. Sus palabras resuesan como una seria advertencia sobre la deriva del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Recordemos que Pérez de los Cobos recibió hace unos meses el premio de la Asociación por la Tolerancia, por su defensa del orden constitucional.
El antiguo jefe del instituto armado durante el desafío separatista del 1-O no se anduvo con rodeos. Denunció con firmeza las presiones y amenazas veladas que sufren los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). Para el militar, esta actitud del Gobierno constituye una preocupante «anomalía constitucional» que hiere de gravedad al Estado de derecho.
La intromisión del poder político en las investigaciones judiciales reservadas busca un objetivo claro: blindar al entorno de la Moncloa. Cobos alertó de que el riesgo para la democracia es máximo cuando las pesquisas salpican a personas muy cercanas al presidente. En ese punto, el partidismo del PSOE parece pisotear la obligada separación de poderes.
La estructura actual del sistema facilita estos abusos de poder. El coronel recordó que la dirección de una investigación penal corresponde en última instancia a los jueces y no al Ministerio del Interior. Sin embargo, el control que el departamento de Fernando Grande-Marlaska ejerce sobre la carrera profesional de los guardias civiles debilita esta frontera.
Esa dependencia orgánica es, en palabras del veterano militar, la grieta por donde se cuela el chantaje político. Los investigadores se ven atrapados entre su deber legal y las posibles represalias profesionales de sus jefes políticos. El Ejecutivo utiliza esta ventaja para intentar penetrar en sumarios que deberían ser estrictamente confidenciales.
Las presiones gubernamentales no siempre se traducen en órdenes directas o decretos firmados. Cobos advirtió de que el miedo se inocula de formas mucho más sutiles. Una pregunta aparentemente inocente formulada desde un despacho de las alturas basta para acobardar a los agentes que están a pie de calle recabando pruebas.
La trayectoria de Pérez de los Cobos otorga una autoridad moral incuestionable a sus críticas. Su cese fulminante en el pasado, posteriormente anulado por la justicia, evidenció la intolerancia de este Gobierno hacia los funcionarios que cumplen con su deber de neutralidad. Su testimonio actual confirma que aquella destitución no fue un hecho aislado, sino un modus operandi.
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