El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a hacer una de las suyas. Anunció a bombo y platillo el aumento de la velocidad del AVE hasta los 350 kilómetros por hora. Una cifra mareante que suena más a propaganda que a realidad inminente. La medida busca acortar el trayecto Barcelona-Madrid a menos de dos horas.
El plan, según el ministro socialista, comenzará con obras en la línea que conecta la capital catalana con la española. También se abrirá una nueva ruta directa entre Barcelona y Chamartín, evitando el paso por Atocha. Todo muy ambicioso sobre el papel, un ejercicio de ingeniería de marketing político.
Sin embargo, el anuncio llega en un momento de graves y repetidas incidencias en la red ferroviaria. Los problemas, los retrasos y las averías se han convertido en la norma en el AVE. Los viajeros son víctimas constantes de un servicio que se degrada sin que el Ministerio ofrezca soluciones tangibles.
Puente parece vivir de espaldas a la realidad de los usuarios. Habla de volar sobre raíles mientras se acumulan las quejas y los perjuicios para miles de ciudadanos. La gestión del transporte público por el Gobierno de izquierdas sigue dejando mucho que desear.
Por si fuera poco, el ministro ha demostrado una actitud cercana al desprecio hacia el poder legislativo. Se niega a acatar una votación del Congreso. La Cámara Baja había aprobado que las indemnizaciones a los viajeros por retrasos debían ser aplicables a partir de los 15 minutos.
El Congreso, con esta votación, buscaba una mejora mínima pero significativa en los derechos de los consumidores. No obstante, el titular de Transportes ha optado por ignorar el mandato parlamentario. Un nuevo gesto que revela la escasa sintonía del Gobierno con el control democrático.
El anuncio de los 350 km/h se produce justo tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. Esta ley prevé la eliminación de vuelos domésticos cuando haya una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media. El Ejecutivo intenta impulsar el tren a golpe de prohibición.
La posible ampliación de esta velocidad récord a otras líneas, como Madrid-Sevilla o Madrid-Granada, podría a priori forzar la desaparición de más vuelos. Pero el texto legal está lleno de ambigüedades. La ley deja la puerta abierta a excepciones por las conexiones internacionales.
En resumen, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, a través de su ministro, promete un futuro de ciencia ficción ferroviaria. Entretanto, no atiende a los problemas del presente. El aumento de velocidad es una cortina de humo para tapar las deficiencias, el caos y la negativa a mejorar los derechos de los viajeros
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