El Ministerio de Transportes ha vuelto a fallar a los ciudadanos de Cataluña. Los nuevos trenes de Rodalies, que ya deberían estar circulando por nuestras vías, no llegarán a tiempo. Mientras Madrid ya disfruta de la renovación de su flota, los usuarios catalanes deberán esperar sentados.
La gestión de Óscar Puente se resume en excusas y balones fuera. Según el calendario oficial, la red ferroviaria debería haber recibido ya el grueso de los nuevos convoyes. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda: la entrada en servicio se ha pospuesto oficialmente hasta principios de 2027.
El ministro Puente ha optado por la estrategia del señalamiento. En lugar de asumir la falta de supervisión sobre el contrato, ha descargado toda la responsabilidad en el fabricante Alstom. Para el Gobierno, la culpa siempre es de otros, nunca de su incapacidad para cumplir plazos.
Los datos son demoledores para la credibilidad del Ejecutivo central. De los 111 trenes prometidos, unos 70 ya deberían estar operativos en las líneas catalanas. La brecha entre lo prometido por el PSOE y la realidad técnica es, en palabras del propio ministro, una auténtica «barbaridad».
La situación de la red es crítica y el mantenimiento brilla por su ausencia. Tras el trágico accidente de Gelida y meses de caos constante, la visita de Puente a Barcelona ha sido más estética que efectiva. Fotos en La Sagrera y reuniones protocolarias con Salvador Illa no arreglan las catenarias.
El relato oficial atribuye el retraso a errores esperpénticos en la fabricación. Se habla de piezas mal colocadas y de incidentes que casi terminan con trenes incendiados. Estos fallos en la planta de Barcelona revelan una falta de control alarmante sobre un contrato estratégico y millonario.
La burocracia sanchista tampoco ayuda a agilizar el proceso. La documentación para la homologación no se presentará hasta abril, iniciando un calvario administrativo de cuatro meses. Después vendrá la formación de los maquinistas, sumando más capas de demora a un servicio ya agonizante.
Salvador Illa, desde la Generalitat, mantiene un silencio cómplice ante los incumplimientos de sus jefes en Madrid. El «Govern de la gestión» acepta con resignación que los catalanes sigan viajando en trenes que superan los 35 años de antigüedad. Es la herencia de un socialismo que prioriza el titular a la infraestructura.
Puente ha amagado con imponer penalizaciones económicas al fabricante para calmar los ánimos. Sin embargo, las multas no transportan viajeros ni reducen las averías diarias. La prioridad debería ser la ejecución, no el castigo posterior a una gestión que ya ha nacido muerta.
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