La sombra de la corrupción ya no es una sospecha, sino una cita judicial ineludible para la familia del presidente. El juez Juan Carlos Peinado ha dictado el cierre de la instrucción, enviando a Begoña Gómez a juicio oral por su gestión en la Universidad Complutense. La esposa de Pedro Sánchez se enfrenta a una acusación formal por cuatro delitos de gravedad extrema: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El auto judicial es demoledor y describe un modus operandi que avergüenza a cualquier democracia moderna. Peinado no duda en calificar las andanzas de Gómez como conductas más propias de «regímenes absolutistas» que de un Estado de derecho. La comparación con el reinado de Fernando VII deja en evidencia la magnitud del escándalo que anida en el complejo de la Moncloa.
Para el magistrado, el tráfico de influencias es palmario y se sustenta en la posición privilegiada de la procesada. Gómez no necesitó méritos académicos, sino simplemente su condición de cónyuge para acceder a «interlocutores institucionalmente excepcionales». El uso de la residencia oficial del presidente como sede de reuniones de negocios privados supone una degradación institucional sin precedentes en nuestra historia reciente.
El juez sostiene que Gómez fue la «impulsora» activa de una red de captación de fondos privados para su beneficio personal. No buscaba financiar la universidad pública, sino engrosar su patrimonio aprovechando la ventaja competitiva que le otorgaba su marido. Las grandes empresas españolas habrían aceptado este trato de proximidad con la administración a cambio de privilegios que ahora la justicia deberá fiscalizar.
La instrucción también arrastra al banquillo a Cristina Álvarez, la asesora de la Moncloa que actuaba al servicio de los intereses privados de Gómez. Resulta indignante que recursos públicos, pagados por todos los españoles, se hayan destinado presuntamente a facilitar los negocios de la mujer del presidente. Este uso patrimonialista de las instituciones es la marca de agua de un sanchismo que confunde el Estado con su cortijo.
El empresario Juan Carlos Barrabés tampoco escapa de la acción de la justicia, siendo procesado por tráfico de influencias y corrupción. El juez ve indicios sólidos de que las decisiones públicas se inclinaron a favor de los intereses de la cátedra desde que Sánchez llegó al poder. La conexión entre el éxito empresarial de los socios de Gómez y las decisiones del Consejo de Ministros es el núcleo de una trama que ahora será juzgada.
Un jurado popular tendrá la última palabra sobre una actuación que el juez considera que no tiene precedentes en democracia. Es la primera vez que la esposa de un presidente en ejercicio se enfrenta a cargos por utilizar la influencia de su marido para lucrarse. Mientras tanto, el matrimonio presidencial se encuentra en China, intentando huir de una realidad jurídica que ya les ha dado alcance en Madrid.
Los españoles asisten atónitos a un espectáculo donde la mujer del presidente deberá explicar si convirtió una cátedra pública en su negocio particular. El juicio será el escenario donde se desnudará una forma de gobernar basada en el favor personal y el desprecio a las leyes. El tiempo de las cartas a la ciudadanía se ha terminado; ahora es el tiempo de que hablen los tribunales y se haga justicia.
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