
El Gobierno de Pedro Sánchez ha instaurado un sistema de vigilancia y castigo contra quienes se atreven a cuestionar su gestión. Este juicio sumarísimo busca anular a cualquier periodista o ciudadano que denuncie las cesiones ante los partidos separatistas. La rendición del Ejecutivo frente a quienes desean fragmentar España no admite réplica en el discurso oficial del sanchismo.
Cualquier denuncia sobre la pérdida de igualdad de derechos entre españoles activa de inmediato un batallón de respuesta coordinada. Las redes sociales se inundan de ataques lanzados por perfiles a sueldo y terminales mediáticas que actúan bajo las órdenes directas de Moncloa. El objetivo es claro: el linchamiento público para desacreditar la verdad y proteger el relato del poder.
Este acoso sistemático no es casualidad, sino una estrategia de amedrentamiento diseñada en los despachos de la presidencia. Se busca la muerte social del discrepante para que nadie más se atreva a levantar la voz contra las mentiras gubernamentales. El mensaje es contundente: quien disiente del camino marcado por Sánchez pagará un precio personal y profesional muy alto.
En este engranaje de manipulación, Televisión Española juega un papel fundamental y alarmante. El ente público ha dejado de ser un servicio de información para convertirse en el principal altavoz de las campañas de señalización personal. La televisión que pagamos todos los ciudadanos se utiliza ahora para destruir el prestigio de quienes señalan las carencias del Gobierno.
Los españoles sufragan con centenares de millones de euros una estructura que solo sirve a los intereses de un partido. La programación de RTVE se ha degradado hasta convertirse en pura propaganda al servicio exclusivo de la figura de Pedro Sánchez. Es una malversación moral y económica de recursos públicos destinados a blindar la imagen de un presidente acorralado.
La manipulación alcanza toda la parrilla de TVE, desde los 60 millones de euros (en cuatro años) que ha pagado Sánchez para que David Broncano sea su bufón oficial, hasta los millones y millones derrochados en tertulias en las que los voceros sanchistas como Javier Ruiz, Jesús Cintora, Silvia Intxaurrondo, Sarah Santaolalla y una legión de opinadores a sueldo vuelcan su propaganda a favor del PSOE.
La actual deriva de la televisión pública nacional recuerda a las épocas más oscuras de la manipulación informativa. Se ha copiado sin pudor el modelo de la peor TV3, aquella que durante el desafío separatista actuó como un órgano de agitación política. Lo que antes era una anomalía regional en Cataluña se ha extendido ahora a todo el territorio nacional por orden del PSOE.
Bajo este mando, RTVE parece emular el estilo de las televisiones de regímenes autoritarios donde la crítica es perseguida. El respeto a las libertades ciudadanas ha sido sustituido por una maquinaria de ingeniería social y política. El Gobierno utiliza el miedo y la censura encubierta para tapar una gestión marcada por la sospecha y el nulo respeto a las instituciones.
La corrupción, aunque de momento bajo investigación judicial, cercas las murallas de una Moncloa que reacciona con agresividad. Ante la falta de explicaciones convincentes, el sanchismo opta por el ataque preventivo contra la prensa libre. Es la respuesta desesperada de un Ejecutivo que ha perdido el contacto con la realidad y la ética democrática.
Resulta vergonzoso que el dinero de los contribuyentes financie los insultos y el vacío que se intenta imponer a la oposición. La libertad de expresión en España atraviesa uno de sus momentos más críticos debido a esta presión constante. El control férreo sobre los medios públicos es la herramienta principal para ocultar la erosión de la soberanía nacional.
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