El Gobierno catalán ha formalizado de manera definitiva el proyecto de presupuestos de la Generalitat en el Parlament. Las cuentas reflejan fielmente las prioridades del tripartito de facto que sostienen el PSC, ERC y los Comuns. Una de las carpetas más llamativas es la de la Conselleria de Política Lingüística, que manejará este año un montante total de 85 millones de euros.
Detrás de las grandes cifras macroeconómicas se esconden compromisos políticos de marcado carácter ideológico. Según los documentos presupuestarios, el Ejecutivo catalán pretende utilizar el dinero de los contribuyentes para intervenir en el mapa lingüístico de otras comunidades autónomas, tal y cómo ha desvelado ‘El Periódico’. Una parte sustancial de estos fondos públicos se desviará directamente hacia entidades privadas que operan fuera del territorio de Cataluña.
El plan prevé repartir un total de 2,1 millones de euros entre asociaciones dedicadas al fomento de la lengua catalana y el pancatalanismo político en territorios vecinos. El destino de estas partidas incluye a la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la franja de Aragón y la localidad italiana de Alguer. Es una estrategia expansiva que tradicionalmente abanderaba el separatismo y que ahora asume con normalidad el socialismo catalán, que apoya con esta partida el concepto pancatalanista de los ‘Països Catalans’.
La Comunidad Valenciana se lleva la mayor tajada de este reparto con una inyección directa de un millón de euros. Por su parte, las entidades radicadas en las Islas Baleares recibirán un total de 710.000 euros de las arcas públicas catalanas. La gran novedad de este ejercicio es la inclusión formal de Aragón y de la citada ciudad de Cerdeña en el mapa de subvenciones identitarias del Ejecutivo autonómico.
Para las organizaciones aragonesas se han reservado unos 70.000 euros, mientras que la proyección en Alguer costará 300.000 euros. Las cuentas aprobadas en el año 2023 ya contemplaban partidas similares para Valencia y el archipiélago balear. Sin embargo, es la primera vez que el presupuesto oficial catalán rompe fronteras de forma explícita para financiar estas actividades en el territorio aragonés e italiano.
El texto de la ley presupuestaria evita detallar la motivación puramente política que justifica este desembolso fuera de sus competencias geográficas. La explicación real no se encuentra en el boletín oficial, sino en el pacto político que el PSC firmó con ERC para garantizar la estabilidad del Govern. El documento de los republicanos revela una intencionalidad ideológica que choca con la supuesta moderación que predica Salvador Illa.
El pacto escrito detalla que la Generalitat debe apoyar e impulsar la lengua en lo que el nacionalismo denomina el «resto del dominio lingüístico». Los firmantes justifican esta intromisión financiera como una respuesta obligada ante la actual situación política de las autonomías vecinas. Los socios del Govern argumentan que el catalán atraviesa dificultades severas debido al cambio de color político en los Gobiernos de la periferia.
El objetivo real de esta partida es contrarrestar los acuerdos institucionales alcanzados entre el Partido Popular y Vox en esas regiones. Cataluña pretende actuar como un contrapeso económico frente a las políticas de gobiernos legítimos que buscan garantizar el bilingüismo real y frenar la imposición lingüística del catalán. La Generalitat utiliza así los recursos de todos los catalanes para librar batallas culturales en parlamentos ajenos.
Esta decisión presupuestaria evidencia que el PSC ha comprado la agenda nacionalista a cambio de permanecer en el poder. La creación de una Conselleria de Política Lingüística ya fue una concesión de envergadura, pero la financiación exterior confirma la deriva del Ejecutivo. En lugar de centrar los esfuerzos en la gestión interna de los servicios públicos, la Generalitat prefiere ejercer un tutelaje cultural sobre autonomías soberanas.
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