El 1 de Octubre próximo debería ser una día dentro de la normalidad como cualquier otro si exceptuamos algún acontecimiento extraordinario e imprevisible, pero es conocida la huida hacia delante del Govern de la Generalitat apoyado por sus socios de la CUP y el enorme seguimiento del aparato mediático que pagamos todos los catalanes de nuestro bolsillo. Los argumentos racionales frente a este órdago han sido explicados por numerosos autores del mundo de la cosa pública como desde otros ámbitos: jurídico, sociológico, histórico, económico…
Con este artículo quiero explicar, desde la modestia, el curso de los acontecimientos a los que creo que tendremos que seguir atentos. En cualquier país democrático y concretamente en el entorno de la Unión Europea, el espacio más avanzado en cuanto a garantías democráticas, el Estado debe proteger a sus ciudadanos ante cualquier eventualidad, en el caso que nos ocupa, la pretensión del Govern de saltarse las leyes. El Estado debe garantizar a todos los ciudadanos que viven en Cataluña la debida protección frente a las acciones que vayan contra la legalidad vigente. El gobierno de Rajoy permitió el 9N hace tres años y dejó a muchos catalanes en la estacada. Es necesario asegurar que eso no vuelve a pasar y garantizar el cumplimiento de la ley.
Teresa Freixes, catedrática de derecho constitucional, ha manifestado en numerosas ocasiones que la legalidad es única y cuando existe una colisión de intereses entres la normativa de un gobierno autonómico y el Estado, existe un instrumento para resolverlo, el Tribunal Constitucional. Este tipo de instituciones, que tienen sus orígenes en el Tribunal Supremo de los EE.UU, creado en 1789 para dirimir las diferencias entre los diferentes territorios que componían la unión Norteamericana, tiene unas funciones muy importantes para el buen desarrollo de la política democrática y evitar situaciones en las que se ponen en riesgo las garantías de las minorías. En el caso que nos ocupa, cabe recordar que la JxSí y la CUP representan a menos catalanes que los partidos que nos oponemos a su plan de saltarse la legalidad.
El Gobierno debe dejar la inacción y llevar a cabo toda la pedagogía posible. Como hemos dicho no se puede unilateralmente socavar el orden democrático que todos nos hemos dado. Nuestra Constitución permite ser reformada y actualizada, pero dicha reforma solo puede venir de otra mayoría cualificada, en la que podamos estar todos para renovar nuestro proyecto común, no por provincias. El Gobierno debe explicar que no se puede negociar aquello que es el fundamento de un sistema democrático y que frente a un ataque a estos fundamentos amparará a todos los ciudadanos afectados frente a la eventual convocatoria a las urnas, frente a los censos para votar, frente a la llamada a mesas electorales y cualquier otro aspecto. En especial deben ser protegidos los funcionarios, un colectivo muy implicado en estas cuestiones.
Aplicación de la ley, protección de los ciudadanos y pedagogía, estos deberían ser las prioridades de nuestro Gobierno frente a la sinrazón del separatismo catalán. Los dirigentes políticos elegidos por los ciudadanos no pueden transigir en el menoscabo de las leyes democráticas, no hay democracia sin respeto a la ley.
Es necesario cumplir con las leyes democráticas como es necesario ofrecer una alternativa sin miedo a hacer reformas y política para el conjunto de los catalanes, sin dejar fuera a nadie. Somos muchos los que desde la óptica política apostamos por una solución, unas elecciones autonómicas anticipadas, estas sí, de acuerdo a la ley y con todas las garantías democráticas. De estas elecciones esperamos que se pueda conformar un gobierno autonómico que deje el monotema de la independencia y se ponga a trabajar por todo aquello que interesa a todos los ciudadanos de Cataluña, paro, sanidad, educación, seguridad, etc., los verdaderos problemas de la sociedad.
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