El 2025 será mucho peor para Cataluña que el 2024, porque el Gobierno de Salvador Illa ya ha prometido que trabajará activamente para cumplir sus compromisos con Esquerra Republicana. Los socialistas en los pocos meses del 2024 que han estado al frente de la Generalitat ya han mostrado las líneas maestras de lo que será su forma de actuar en el poder.
Salvador Illa ha dejado claro que va a seguir a rajatabla a pie juntillas la política lingüística de Esquerra Republicana de persecución del español en todos los ámbitos sociales. Francesc Xavier Vila, el consejero que Illa ha nombrado para cumplir estos objetivos es un radical secesionista que ya trabajó en el Govern de Pere Aragonès.
Francesc Xavier Vila ya ha anunciado que en el 2025 se incrementarán las inspecciones a comercios para garantizar el uso del catalán en detrimento del español. Y está aumentando el apoyo a las asociaciones dedicadas a la delación lingüística en los ámbitos empresariales, estudiantiles y universitarios, como Plataforma per la Llengua.
La consejera de Educación, Esther Niubò, mantiene la política de Esquerra – que, por cierto, tuvo el apoyo del PSC en el Parlament cuando estaba en la oposición – de ignorar las demandas de los padres que desean que sus hijos reciban, al menos, un 25 % de su educación en castellano. Al contrario, se están extendiendo en los centros catalanes ‘proyectos lingüísticos’ que tienden a marginar la enseñanza en español. El lema separatista «ara i sempre, l’escola en català» seguirá cumpliéndose a rajatabla.
La dupla Ramón Espadaler (Justicia) y Núria Parlon (Interior) están consiguiendo que la Guardia Civil y la Polícia Nacional pierdan las competencias que le quedan en Cataluña. Los muy fanatizados por el separatismo Ágentes Rurales, junto a los Mossos, ya han conseguido quitar la vigilancia del medio ambiente a la Guardia Civil. En el horizonte más cercano están el traspaso de las competencias de vigilancia en puertos y aeropuertos, y en las costas, para los Mossos. Salvador Illa quiere y Pedro Sánchez asiente.
Alicia Romero, la consejera de Economía de la Generalitat, está trabajando activamente para reventar los mecanismos de solidaridad interterritorial en España. Salvador Illa asegura que cumplirá el pacto con ERC para que Cataluña tenga un concierto económico, lo que significaría la creación de una Hacienda catalana integral que estaría en manos del separatismo y sería una herramienta de terror fiscal para los catalanes no secesionistas. Y el PSC va a hacer este trabajo sucio para poder mantenerse – por unos años – al frente de la Generalitat.
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