La seguridad en las costas catalanas vuelve a ser escenario de un conflicto de competencias que el Gobierno central ha zanjado con presunta ‘dureza’. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado que la Guardia Civil ostenta el mando único sobre el mar territorial español. Esta aclaración llega tras el bochornoso incidente ocurrido en la playa de la Pineda, donde la descoordinación entre cuerpos policiales provocó la pérdida temporal de un cadáver.
Aquel episodio en Vila-seca no solo fue una tragedia humana, sino un síntoma del caos operativo generado por la duplicidad de funciones. Mientras Mossos d’Esquadra y Guardia Civil forcejeaban por la potestad del rescate, el cuerpo de un fallecido desapareció en las corrientes durante horas. La gravedad del asunto obligó a un juzgado de Tarragona a abrir diligencias para dirimir responsabilidades en una gestión que rozó el esperpento.
Ante la presión parlamentaria de Esquerra Republicana, el ministro del PSOE no ha dejado espacio para la interpretación ni para las cesiones políticas. Marlaska ha sido tajante al afirmar que, fuera de ríos y lagos, la policía catalana carece de autonomía para actuar por cuenta propia. Para el Ministerio, los Mossos operan en el mar bajo el mismo estatus que si estuvieran fuera de Cataluña: como apoyo subordinado al Instituto Armado.
Lástima que mientras hace esta afirmación, al mismo tiempo su ministerio degrada las condiciones de trabajo de la Guardia Civil en Cataluña, con viviendas en malas condiciones, escasez de medios para trabajar, vacantes que no se cubren y escaso apoyo político.
Esta respuesta supone un desplante directo a la terminología nacionalista, al referirse sistemáticamente a los Mossos como «policía autonómica». El tono del ministro subraya una jerarquía que la Generalitat intenta diluir constantemente mediante pactos de pasillo. Sin embargo, en el mar, el Estado se mantiene firme y no está dispuesto a ceder el control de la frontera marítima a la policía autonómica.
La Junta de Seguridad de Cataluña, el órgano encargado de ratificar estos traspasos, sigue sin fecha en el calendario y sin voluntad de celebrarse. Este bloqueo evidencia que, pese a la sintonía política entre el PSC y el Gobierno central, el Gobierno de Sánchez prefiere un tira y afloja que le permita seguir negociando con el separatismo la retirada de la Guardia Civil a cambio de futuros apoyos parlamentarios.
Eso sí, para la Guardia Civil, esta ratificación supone un respaldo necesario frente a las constantes injerencias operativas en el litoral catalán. Los agentes del Instituto Armado han visto cómo, de forma recurrente, se intentaba solapar su trabajo con unidades marítimas autonómicas de dudosa base legal. Ahora, Interior deja claro que los acuerdos vigentes no obligan a los guardias civiles a esperar la llegada de nadie para cumplir con su deber.
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