Ya son 200 los vídeos documentados de utilización política de menores por parte del separatismo.
Colegios, parques infantiles o instalaciones deportivas :
cualquier espacio les sirve para introducir su relato ideológico entre niños y adolescentes, mientras las administraciones… pic.twitter.com/8uuZ38PpeM— 🤝ASOCIACIÓN🇪🇸 UNIÓN DE BRIGADAS🇪🇸 (@uniondebrigadas) May 10, 2026
La neutralidad de los espacios públicos en Cataluña vuelve a quedar en entredicho tras la última recopilación de pruebas gráficas. La asociación Unión de Brigadas ha publicado una lista de reproducción con 200 vídeos que certifican una realidad incómoda para el Govern. Las imágenes muestran la retirada sistemática de propaganda separatista en lugares que deberían estar libres de toda batalla política: las zonas de juego infantil, instalaciones deportivas y escuelas.
Desde columpios decorados con lazos amarillos hasta vallas de parques empapeladas con consignas de parte, el inventario del adoctrinamiento es extenso. No se trata de hechos aislados, sino de una presencia constante de simbología que busca normalizar un relato político en la mente de los más pequeños. La infancia, que merece una protección especial frente a la polarización, se convierte así en un objetivo más del activismo nacionalista.
El despliegue de esta simbología no se detiene en los parques, sino que coloniza también colegios e instalaciones deportivas. Es en estos entornos donde niños y adolescentes forjan su visión del mundo, a menudo rodeados de una estética monocorde que excluye a media Cataluña. La utilización de centros educativos para fines partidistas sigue siendo una asignatura pendiente que las autoridades prefieren ignorar para no incomodar a sus socios.
Resulta especialmente sangrante la pasividad de las administraciones públicas ante esta invasión del espacio común. Los ayuntamientos y la Generalitat, responsables de velar por la convivencia, suelen mirar hacia otro lado mientras los espacios infantiles pierden su naturaleza integradora. Esta dejadez de funciones permite que el espacio de todos se transforme en el escaparate de unos pocos, sin que nadie asuma responsabilidades políticas.
El Gobierno central, liderado por el PSOE, tampoco parece tener prisa por exigir el cumplimiento estricto de la neutralidad institucional en Cataluña. La dependencia parlamentaria de los grupos separatistas suaviza las críticas y frena las actuaciones que deberían proteger a los menores de la manipulación ideológica. Una vez más, los intereses de partido en Madrid parecen pesar más que el derecho de los niños a crecer en libertad.
La labor de colectivos civiles como Unión de Brigadas pone en evidencia las carencias de un sistema que permite la politización de la infancia. Al retirar estos símbolos, estos ciudadanos suplen la inacción de un Estado que ha abandonado su papel de árbitro en el espacio público catalán. Mientras la propaganda siga presente en los toboganes, la democracia española tendrá una cuenta pendiente con la protección de sus ciudadanos más vulnerables.
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