Plataforma per la Llengua se presenta como una entidad dedicada a la defensa del catalán, pero su forma de actuar ha levantado fuertes polémicas. Bajo la excusa de promover el uso del catalán, esta organización ha desarrollado un sistema de vigilancia y presión sobre comercios, empresas y trabajadores que deciden usar libremente el español para atender a sus clientes. Dependientes, camareros y pequeños comerciantes han denunciado sentirse intimidados por las visitas y campañas que impulsa esta plataforma.
Lejos de limitarse a informar o sensibilizar, Plataforma per la Llengua ha sido acusada de organizar auténticas campañas de señalamiento público. En redes sociales se difunden locales donde se ha escuchado a los empleados hablar en español, con el objetivo de que los sectores más radicales del independentismo acudan a presionar, criticar y boicotear. Esta dinámica ha generado un clima de miedo entre muchos trabajadores que temen represalias si no usan exclusivamente el catalán en su jornada laboral.
Varios testimonios de empleados revelan que, tras ser señalados en redes por no hablar catalán, han recibido una oleada de insultos y ataques digitales. Esta presión se produce pese a que el español también es lengua oficial en Cataluña.
La plataforma ha llegado incluso a inspeccionar patios escolares, sin avisar a los padres, para registrar en qué idioma juegan los niños, en un intento de erradicar cualquier presencia del español en los centros educativos. Estas prácticas, denunciadas por familias y asociaciones de padres, han sido tildadas de auténtico espionaje ideológico contra menores, y reflejan hasta qué punto esta organización está dispuesta a imponer el catalán como única lengua aceptable en el espacio público.
Lo más escandaloso es que toda esta maquinaria de señalamiento cuenta con un generoso apoyo económico de las administraciones públicas. Plataforma per la Llengua recibe cada año importantes subvenciones de la Generalitat de Cataluña y de diversos ayuntamientos. Se calcula que en los últimos años ha recibido varios millones de euros en ayudas, a pesar de que sus métodos han generado denuncias constantes por vulnerar derechos fundamentales.
La financiación no proviene solo de gobiernos independentistas: también administraciones locales controladas por el PSC han colaborado con esta entidad. Consistorios gobernados por socialistas han adjudicado contratos y concedido subvenciones a una organización que, lejos de fomentar la convivencia, ha contribuido a fracturarla. Esta connivencia demuestra hasta qué punto el PSC ha optado por blanquear y sostener económicamente a un grupo que actúa con métodos de presión y acoso lingüístico.
A ello se suma la opacidad con la que actúa la plataforma en materia económica. Diversos medios han denunciado que no detalla de forma clara el origen de sus ingresos, ni ha actualizado en los últimos años con transparencia las cuantías exactas de las subvenciones recibidas.
La estrategia de Plataforma per la Llengua no busca la convivencia entre lenguas, sino la erradicación del español de la vida cotidiana en Cataluña. Su objetivo no es que el catalán tenga presencia, sino que sea la única lengua aceptada, incluso si para ello hay que humillar, amedrentar o arruinar la reputación de quienes se atrevan a usar otra lengua. Este proyecto excluyente es incompatible con una sociedad abierta y democrática.
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no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya.
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