
Plataforma per la Llengua, entidad especializada en el acoso lingüístico a las empresas y profesionales que usan el español en Cataluña, se apunta al señalamiento lingüístico de a una empresa de telefonía y fibra, Adamo. Un internauta separatista – que ha redifundido en X numerosos mensajes de Silvia Orriols y Aliança Catalana – ha acusado en redes a esta compañía de no haberle atendido en catalán y ha etiquetado a Plataforma per la Llengua.
Y en ese momento, como acostumbra a pasar, los chivatos lingüísticos de Plataforma se ha puesto a disposición de dicho internauta para acosar lingüísticamente al servicio de atención al cliente de Adamo y le ha pedido «los materiales que tengas» para poder ayudarle a perseguir el uso del español en España. Porque se trata de esto, de perseguir a los que atienden en español – lengua oficial de España – en España. A eso se dedica Plataforma per la Llengua con la complicidad de PSC y PSOE.
Bajo la amable denominación de «ONG del catalán», se esconde una de las entidades más activas en la estrategia de exclusión del castellano en Cataluña. Plataforma per la Llengua se ha convertido en el brazo ejecutor de una política de señalamiento que no conoce límites éticos. Su actividad no se limita a la promoción cultural, sino que abarca la vigilancia sistemática de comercios, administraciones y, lo que es más grave, la vida privada de los ciudadanos.
Y es que uno de los episodios más oscuros de su trayectoria fue el «espionaje» en los patios de los colegios para analizar qué idioma hablaban los niños en sus momentos de ocio, sin tener el permiso de los padres. Aquella acción, propia de regímenes que anteponen la ideología a la infancia, desató una indignación que no parece haber frenado sus métodos. Ahora, su objetivo se centra en las universidades, donde promueven campañas para delatar a profesores que imparten sus clases en español.
La entidad ha perfeccionado un sistema de delación que anima a los ciudadanos a informar sobre cualquier establecimiento que no rotule o atienda en catalán. En 2024, las quejas recogidas aumentaron un 25%, evidenciando un clima de tensión social alimentado desde sus despachos.
No buscan la convivencia de las dos lenguas cooficiales, sino la erradicación de la lengua común mediante el acoso administrativo y la presión a empresas aprovechando las leyes liberticidas que aprobó el nacionalismo catalán para imponer el catalán como lengua de uso comercial y empresarial, y que no han sido combatidas por los sucesivos inquilinos de La Moncloa.
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